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Política

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Hermetismo en torno al asesinato del corresponsal de La Jornada

Turnado el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, se desconocen las líneas de investigación. 

Luis Martín Sánchez Íñiguez, periodista corresponsal del periódico La Jornada. Foto EE: Especial

Luis Martín Sánchez Íñiguez, periodista corresponsal del periódico La Jornada. Foto EE: Especial

Se cumplen dos meses del asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez, periodista corresponsal del periódico La Jornada, en su natal Nayarit. A la fecha no hay ni detenidos ni posible móvil del hecho.

La misma semana que Sánchez Íñiguez desapareció, fueron secuestrados Osiris Maldonado de la Paz, y Jonathan Lora Ramírez, el viernes 7 de julio.

Luis Martín, de 59 años, fue secuestrado el miércoles 5 y su cuerpo encontrado en un camino rural la mañana del sábado 8 de julio. El caso fue tomado inicialmente por la Fiscalía General del Estado,  pero en menos de 10 días fue turnado a la Fiscalía federal. No hay claridad de las líneas de investigación que las autoridades federales siguen.

Periodistas del estado exigen que no se descarte la posibilidad de que haya sido asesinado por su trabajo profesional.

Previo a escribir para La Jornada se desempeñó como reportero en el diario Meridiano del año 1996 a 1999. Posteriormente trabajó en el gobierno del estado hasta el año 2005.

Según colaboradores del periódico Meridiano, a la par de su trabajo en La Jornada, Luis Martín escribía para el medio Critica Digital Noticias (Criticadn.mx).

Su trayectoria era reconocida, tanto así que su desaparición y posterior asesinato ocupó la primera plana de La Jornada durante dos días. De hecho el propio diario confirmó que su trabajo periodístico era la principal línea de investigación. Revelan que fueron robadas su computadora y un disco duro.

“Luis Martín Sánchez Íñiguez es el tercer corresponsal de La Jornada que es privado de la vida por cuestiones relacionadas con su labor profesional. El 23 de marzo de 2015 fue asesinada la corresponsal de Chihuahua, Miroslava Breach Velducea, y el 15 de mayo de ese año, Javier Valdez Cárdenas, quien se desempeñaba como corresponsal en Sinaloa. En estos dos casos las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que los homicidios fueron cometidos por integrantes del cártel de Sinaloa, en represalia por publicaciones relacionadas con actividades del narcotráfico”, dice la nota de La Jornada.

La última nota que Sánchez Íñiguez publicó, tres días antes de su desaparición,  se refería a una información difundida por la Fiscalía del estado, sobre ocho cuerpos localizados y recuperados de la fosa clandestina conocida como ‘cueva de diablo’, ubicada en la ladera baja norte del cerro San Juan, entre los límites de Tepic y el municipio de Xalisco.

Los tres casos podrían estar relacionados: Fiscalía

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la  Fiscalía del Estado, el asesinato de Luis Martín y la privación de la libertad de Jonathan Lora y Osiris Maldonado, ocurridos la misma semana, sí estarían relacionados ya que “en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación, así como en cuestiones de índole personal”.

Así lo declaró el fiscal Petronilo Díaz ante reporteros que protestaron frente a Palacio de Gobierno de Tepic el lunes 10 de julio.

“De manera muy diáfana podemos establecer o se pudiera establecer que sí pudiera tener algún vínculo que se haya tenido entre ellos, esto de manera presuntiva”, indicó el fiscal.

Se confirmó por sus propias declaraciones que al momento de encontrarlo, el reportero tenía clavado en el pecho una cartulina con un mensaje que no ha trascendido, sin embargo, para el fiscal Díaz, se podría tratar de una forma para desviar las investigaciones “pudo tratarse de una simulación para desviar la investigación de las instituciones ministeriales y no dar con el verdadero responsable”.

Cuatro días después, el viernes 14 de julio, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión atrajo el caso. Desde entonces ha habido total hermetismo de la autoridad federal.

Un giro sin confirmar

La fiscalía estatal que mantiene la investigación sobre los secuestros de Jonathan y Osiris, estableció en otro comunicado emitido la tarde del lunes 17 de julio que los crímenes contra los comunicadores “tendría que ver con hechos relativos a conflictos personales del pasado”.

En conversaciones con este medio, varios reporteros deslindaron el trabajo de Jonathan y Osiris, a quienes no reconocen como reporteros.   Incluso en el portal Criticadn.mx donde colaboró Luis Martín se rechaza calificar como periodistas o comunicadores a Jonathan Lora y a Osiris Maldonado.

“Hemos de aclarar que en este medio de información no coincidimos con que sean considerados como ‘periodistas’ ni ‘comunicadores’ los sujetos Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado de la Paz”. 

El 17 de julio una nota del portal Criticadn.mx explicaba a la letra: “Aquí les conocemos bien su historia. Lora es un ex convicto de la Penal de Tepic, donde ya estuvo preso por intento de homicidio, es un tipo que continuamente andaba armado y acompañado de ‘escoltas’.  Mucho tiempo se dedicó a denostar la labor de varios verdaderos periodistas. Es empleado sindicalizado del ayuntamiento de Tepic y miembro del SUTSEM.

“Osiris es profesor sindicalizado que recientemente estuvo preso en la penal de Tepic por acusaciones de almacenamiento y difusión de pornografía infantil”.

Luis Martín trabajaba solo, dicen colegas

César Pérez Delgado, reportero de Tepic con casi 30 años de experiencia y presidente del Consejo Ciudadano de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos desde su creación en noviembre de 2019 coincidió en algunos trabajos con Luis Martín. Lo recuerda como un colega que trabajaba de manera solitaria.

“Martín fue un periodista que lamentablemente actuaba solo, no andaba como a veces andamos nosotros en grupo” quien además agrega que “él no hacía eso, él andaba prácticamente sólo y bueno, desconocemos, yo en lo personal desconozco qué andaba investigando o cual eran sus trabajos recientes que andaba haciendo”.

Norma Cardozo es una reportera de varios medios locales en Nayarit y también es delegada en el estado del Colectivo Nacional de Atención Temprana para Periodistas y Activistas (Conapa). Desde sus funciones en dicho organismo no tiene registró de alguna amenaza a Luis Martín o a su trabajo.

“De hecho era una persona que lo veía en el café un poquito muy serio, muy callado a veces lo veía con algún compañero pero siempre fue muy apartado, él iba y hacía sus investigaciones solo, no andaba como que luego se juntan varios para ir a reportear o investigar algo”, asegura.

Respecto al trabajo de los otros dos comunicadores, Jonathan Lora y Osiris Maldonado, el presidente del Consejo Ciudadano de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos recuerda que Jonathan había reportado ser perseguido, pero no recuerda su labor en algún medio de comunicación establecido.

“Yo a Osiris no lo conozco, no sé, por lo que dicen es maestro de telesecundaria, en 2019 estuvo preso por comercializar pornografía infantil, es lo que sé, no me consta pero sí hay una fecha de él que estuvo detenido, no lo conozco personalmente.

“A Jonathan sí lo conozco por lo menos de vista, en alguna ocasión se acercó a mí para pedirme el respaldo para activar los mecanismo de protección tenían días que una camioneta lo andaba siguiendo, después él mismo me dijo que era una camioneta de la Fiscalía y pensaba que lo iban a detener. Primero lo que le pedí era que me dijera, yo le decía ‘bueno, pero dime ¿en qué medio trabajas?’ para decir, sí vamos a defender a un periodista, pues no, no trabaja exactamente para ningún medio”, dice César Pérez.

De igual forma, Norma Cardozo tuvo conocimiento de amenazas a Jonathan Lora, pero no fue por su trabajo en medios de comunicación.

“Jonathan Lora sí recibió amenazas hace unos años atrás, pero él me dijo que no era precisamente por su labor periodística sino que por otro tema”, dijo la representante de Conapa.

Por su parte, César Pérez comentó que Jonathan Lora usaba las redes sociales para publicar notas sobre funcionarios públicos de Nayarit, además de que trabajador del ayuntamiento de Tepic, tuvo a su cargo escolta y tuvo problemas legales por un altercado con policías.

“Él también estuvo preso, él traía escoltas cuando Édgar Veitia era el fiscal. A él lo contrataron del ayuntamiento, que era la oposición de aquí, y traía un escolta.  Una vez le ordenó a su escolta que les disparara a los policías estatales, lo hicieron, le dispararon, no los mataron, creo que ni les dieron, se movieron y pegó en la camioneta pero los detuvieron, los metieron a la cárcel y se pasó un tiempo en la cárcel este Jonathan”, asegura César Pérez.

Jonathan Lora ya no está en Nayarit

La tarde del lunes 17 de julio, la Fiscalía General de Nayarit informó que Jonathan Lora y su familia se habían ido de su casa.

“No obstante que se brindó medidas de seguridad a las víctimas directas e indirectas de estos hechos estas fueron rechazadas por el comunicador Jonathan “N” y su familia, quienes a la fecha se han ausentado de su domicilio”, dice el comunicado oficial.

Ni Jonathan Lora ni Osiris Maldonado interpusieron denuncia alguna por la privación a su libertad y las agresiones que sufrieron.

Versiones de reporteros de Tepic señalan que los tres hombres privados de la libertad manejarían una página informativa mediante la red social Facebook en la cual se publica información sobre actores de la vida pública de Nayarit.

El Tlacuache Nayarita es la página de la red social Facebook que presuntamente manejaban los tres comunicadores y en la que de manera anónima se comparte información de tipo política.

En la página señalada se publican críticas a funcionarios del Gobierno de Nayarit, ya sea de forma directa o en algunos casos con memes.

Como críticas a la ex edil de Tepic, Geraldine Ponce, por felicitar a las enfermeras que la atendieron en una visita a una clínica del IMSS; o acusaciones de intimidación por parte de personal de Seguridad Pública y Policía estatal a trabajadores de una empresa de traslado de valores; o insultos directos a funcionarios del gobierno estatal, como el representante del gobierno de Nayarit en la Ciudad de México, José Gabriel Camarena.

Sin embargo, días después del hallazgo del cuerpo de Luis Martín, en la página se negó que los tres comunicadores sean o hayan sido administradores del Tlacuache Nayarita “Nuestra más sinceras condolencias para la familia del periodista Martín Sánchez. Queremos informales varios puntos: Primero, que ninguno de los mencionados en esa publicación son los administradores del Tlacuache Nayarita”, se lee en una publicación del 12 de julio, haciendo referencia a Luis Martín, Osiris Maldonado y Jonathan Lora.

Uno de los primeros reporteros en llegar a cubrir el hallazgo del cuerpo de Luis Martín, aquella mañana de sábado, fue César Gutiérrez, quien ha recibido amenazas por su labor periodística en Tepic, al grado de que todos los días sale a trabajar con un botón de pánico del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

“El día que sufrimos las amenazas de una persona armada, nosotros marcamos al 911 que es lo que siempre nos han dicho ‘marca al 911 no le marques directamente a la Policía’, hicimos ese protocolo, esperamos 40 minutos y nos retiramos porque la policía nunca llegó, ese es el tipo de garantías que tienen reportero en Nayarit”, dice el comunicador de Reseña Urbana.

César Gutiérrez se adelantó a las autoridades para decir que el cuerpo que había sido encontrado en ese pequeño camino a campos aguacateros era el del corresponsal de La Jornada.

“Empiezan a llegar los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, los comandantes, el subdirector, todo mundo. Es cuando nosotros sabemos que es el reportero que estaba desaparecido”, recuerda.

En los últimos dos meses son seis los periodistas en Nayarit que han sido amenazados por su labor. Los seis casos son independientes de los casos de Luis Martín, Osiris Maldonado y Jonathan Lora, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno del estado de Nayarit, Daniel Sepúlveda.

Durante la comparecencia ante reporteros por parte del fiscal Petronilo Díaz se informó que son tres las denuncias por parte de periodistas nayaritas las que se han entregado a la Fiscalía General de la República.

Para el titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDH), Maximino Muñoz de la Cruz, el mecanismo para la protección a periodistas no ha cumplido su misión.

“Hay algunos compañeros, algunos periodistas que yo conozco que sí tiene estas medidas, algunos de ellos ya tiene la protección cuando tiene alguna situación de amenaza, ellos activan botones de pánico o se activan llamadas al número de la Fiscalía o de Seguridad Pública, y bueno había un caso de un compañero periodista, lo vi en los medios , que decía que después de haber activado no llegaban a tiempo los policías y creo yo que eso se debe a que creo yo el mecanismo no está haciendo lo que le corresponde”, señaló el titular de derechos humanos de la entidad.

En la realización de este trabajo se solicitaron entrevistas con el Fiscal Petronilo a través del titular de comunicación social, Alan Reyes; con el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero a través del jefe de comunicación social Raúl Tovar y al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero a través de la oficina de comunicación social; hasta ahora todas sin respuesta positiva.

*Este reportaje fue elaborado por el equipo de periodistas e investigadores auspiciado por Alianza de Medios Mx, en la que participa El Economista de la Ciudad de México.

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