Hijo de Reynoso Femat deberá justificar $152 millones

La investigación de la PGR contra Armando Reynoso López, hijo de Armando Reynoso Femat, este último Gobernador de Aguascalientes bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN) del 2006 al 2010, se centra en fiscalizar recursos y activos de siete empresas inmobiliarias que administra su consanguíneo y presunto prestanombres de Luis Fernando Loperena González, quien también fuera funcionario estatal.

Fuentes ministeriales federales expresaron ayer que la indagatoria se sustenta en que Reynoso López tendrá que justificar depósitos por 58 millones de pesos en una cuenta radicada en un banco de Altamira, Tamaulipas, en el 2010; a su vez, justificar sobre lo que alertó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la compra de 94 hectáreas en Aguascalientes por un monto declarado de 94 millones de pesos.

El exgobernador Armando Reynoso Femat ha declarado que la participación de su hijo en las siete empresas inmobiliarias se encuentra debidamente fundamentada ante la SHCP, por lo que no habría razón de una investigación federal sobre un presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero’’.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes precisó el martes que a petición de la Procuraduría General de la República, se encuentra coadyuvando en las investigaciones, primero en establecer la titularidad de las empresas involucradas en la investigación federal.

Se trata de Real Estate Islas San Marcos, Constructora Proyectos Inmobiliarios, Diseños Desarrollos Inmobiliarios, Marca Desarrollos Inteligentes, Better Homes, Inmobiliaria Punta Maya y Cima Soluciones en Construcción, con las que habría adquirido las 94 hectáreas para la construcción de la lujosa zona residencial Punta del Cielo, en una de las zonas más costosas de Aguascalientes.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera también sigue los pasos de la empresa Logística y Asesoría Comercial, la cual es representada por Verónica Shaddai Espíndola, quien es su representante legal y habría tenido nexos con las empresas inmobiliarias que se encuentran bajo investigación federal.

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