Homicidios de Marisela Escobedo y de su hija son retomados por CIDH

Derivado de una denuncia interpuesta por el feminicidio de Rubí Fraire Escobedo, de 16 años, y el asesinato de su madre, la activista Marisela Escobedo, en Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó un plazo de tres meses al gobierno de nuestro país para remitir sus observaciones y así determinar la admisión del caso.

Después de presentar una queja en junio del 2019, la familia de las víctimas y organizaciones civiles que las acompañan solicitan que se declare que el Estado mexicano sea responsable por las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad de los casos.

Y es que después de su asesinato, las amenazas que recibía Marisela se extendieron a su familia.

Su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia tuvo que huir de México y solicitar asilo político en EU, problemática que —alertaron las organizaciones civiles— tampoco ha sido atendida.

La CIDH notificó al Estado mexicano la denuncia interpuesta en su contra por los homicidios de Rubí Fraire Escobedo, en el 2008; y de Marisela Escobedo, este último suscitado en diciembre del 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando desarrollaba una campaña para exigir justicia para su hija Rubí y otras víctimas de feminicidio.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos en Exilio, quienes acompañan a los familiares de las víctimas, indicaron que el caso se ha dado a conocer ampliamente con la emisión del documental: Las tres muertes de Marisela Escobedo.

Las organizaciones añadieron que su historia cobra especial relevancia en el contexto actual mexicano, que tan sólo en el mes de junio pasado registró cifras récord de feminicidio, con un promedio de 10.3 crímenes de mujeres por día.

Asimismo, para las ONG, el inicio del trámite en la CIDH es un avance en un largo camino por la justicia.

“Llevar el caso de Marisela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y con su lucha, pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo particularmente en el estado de Chihuahua”, indicó Ruth Fierro, directora de CEDEHM.

“El pronto traslado de la petición por parte de la Comisión muestra que este caso es prioritario y emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres. No sólo porque refleja la continua impunidad persistente en los casos de feminicidio, sino también por la falta de garantías de protección de las familias de las víctimas que buscan justicia, quienes se convierten en defensoras de derechos humanos, enfrentando un sistema corrupto y cruelmente articulado con poderes fácticos”, agregó Vanessa Coria, coordinadora jurídica de CEJIL.

Alertan por impunidad en crímenes vs periodistas

Mientras la impunidad en delitos contra periodistas sea un hecho constatable en México y el mundo, la libertad de expresión no está asegurada, advirtieron comunicadores y defensores de derechos. Durante el seminario virtual: “La crisis del derecho a la libertad de expresión: un riesgo para la prensa”, realizado por organizaciones sociales de México y España, Alfonso Armada, presidente de Reporteros sin Fronteras, reiteró que cuando se asesina a un periodista, además de silenciar una voz, se pretende mandar un mensaje para que los comunicadores tengan miedo y no sigan investigando.

Por su parte, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la ONU informó que México fue la nación con más asesinatos durante 2019, con 12 expedientes, y ocupó el segundo lugar en el 2018, sólo superado por Afganistán.

maritza.perez@eleconomista.mx