Inconstitucionales, leyes estatales anticorrupción

Debieron esperar la promulgación a nivel federal

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que las leyes anticorrupción aprobadas en los estados de Chihuahua y Veracruz son inconstitucionales.

En una hora y media, los ministros determinaron que los congresos locales de ambas entidades sí tienen la facultad de legislar, pero se adelantaron a que se emitieran, y entraran en vigor, las leyes secundarias en la materia, como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR) en el recurso de inconstitucionalidad que presentó en contra de esas dos entidades.

Cabe destacar que aún seguirá pendiente que el tribunal constitucional resuelva un caso similar que involucra al estado de Quintana Roo.

Las medidas adoptadas en los estados que gobiernan César Duarte (Chihuahua) y Javier Duarte (Veracruz) fueron criticadas en su momento, al considerar que se habrían creado instituciones a modo.

Así, los ministros estimaron que los proyectos presentados por José Ramón Cossío Díaz y Javier Laynez Potisek dejaban clara la temporalidad que emanó de la reforma constitucional y que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se estimó que dichas entidades no esperaron la expedición de leyes federales que permitieran homologar criterios y, por ejemplo, Chihuahua legisló y adoptó sus leyes el 12 de junio, mientras que Veracruz lo hizo el 13 del mismo mes, mientras que el Ejecutivo federal promulgo las leyes secundarias el 18 de julio del 2016.

Fue por ello que a través de la Procuraduría General de la República, y una semana después que aprobaran estas entidades sus leyes y normas, el gobierno federal presentó las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Por la noche, la PGR informó que tomaba conocimiento de lo resuelto por el tribunal constitucional y anunció que estará a la espera de la determinación que tomen los ministros respecto de Quintana Roo.

Una puerta por fortalecer

Al invalidar las fiscalías anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República abrieron la puerta para fortalecer la idea de que no puede haber sistemas anticorrupción locales que no cumplan con el espíritu de las leyes generales, opinó el director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz-Infante Chapa.

El pleno del máximo tribunal resolvió invalidar las leyes de corrupción en sendos estados, al considerar que los congresos locales no tienen facultades para aprobar esas normas, en tanto no entrara en vigor las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

Caba aclarar que el pleno de la Corte no se adentró en los efectos que tendrá esta determinación, más allá de declarar inconstitucionales los cambios que llevaron a expedir las leyes orgánicas de las fiscalías anticorrupción de Veracruz y de Chihuahua.

Sin embargo, para el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, ello envía un mensaje: Lo que queremos es un genuino sistema nacional de anticorrupción (...) y para que sea un sistema nacional, los estados de la República tienen que ajustarse a las disposiciones constitucionales que se han aprobado en el Congreso.

Por primera vez en la historia no se va a permitir que los estados se muevan de acuerdo a sus intereses particulares (...), sino se tienen que mover al ritmo que marca la reforma constitucional .

Advirtió a su vez que si permitimos que cada estado le ponga o quite de su cosecha, de acuerdo a sus intereses, no habrá un sistema nacional .

Antes de la votación en el pleno de la Corte, el gobernador Javier Duarte declaró desierta la segunda convocatoria emitida para elegir al fiscal. En paralelo, el pleno del Congreso local había aprobado las reformas legales para crear la sala anticorrupción, cuyos tres magistrados serían propuestos por el Ejecutivo local.

EL DATO

Monterrey, NL. Si se aprueba la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León al Congreso local sobre crear la figura de un fiscal general autónomo; desincorporar a la Auditoría Superior del estado del Poder Legislativo y que los diputados independientes tengan representación proporcional, en los comicios del 2018, sería la primera vez que los electores pudieran votar por el fiscal y por el procurador de justicia, indicó a El Economista, Manuel González, secretario general de gobierno de Nuevo León.

Aseguró que este proceso sería inédito en todo el país y en los comicios electorales, y es totalmente independiente de cualquier Congreso y del Ejecutivo estatal ; para ello, se necesita reformar e incluir una elección de procurador y de fiscal. (Con información de Lourdes Flores)

El PRI, fuera de comisiones clave sobre rendición de cuentas

Cancún, QR. Con 14 votos contra 10, la alianza del PAN-PRD asestó una derrota histórica al PRI y su aliado, el PVEM, al arrebatarles la Gran Comisión y dejarlos fuera de las cinco principales comisiones del Congreso de Quintana Roo, lo que implica que quedó fuera de su control todo lo relacionado a la revisión de cuentas públicas, juicios políticos y la deuda de los municipios.

En la Gran Comisión, no fueron incluidos ningún diputado del PRI o del PVEM, donde Eduardo Martínez (PAN) está como presidente, y Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social (PES), como secretario, mientras que como vocales se encuentran Emiliano Ramos (PRD), Javier Padilla (Panal) y Silvia Vázquez (Morena).

Poco antes, fueron nombrados Silvia de los Ángeles Vázquez Pech en la Comisión de Puntos Constitucionales; Eduardo Martínez Arcila en la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Emiliano Ramos Hernández en la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Javier Padilla Balam en la de Asuntos Municipales, y Carlos Mario Villanueva en la de Justicia.

Ni el PRI ni el PVEM obtuvieron alguna comisión. Quedaron excluidos por completo. Un día antes el diputado local Juan Carlos Pereyra renunció al PRI y se sumó a la alianza PAN-PRD.

La debacle del PRI se comenzó a configurar desde el sábado, cuando durante la instalación de la nueva legislatura, el Partido Nueva Alianza, que había competido en coalición con el tricolor, se unió al PAN-PRD y votó en contra de sus exaliados para votar al perredista José Esquivel Vargas como presidente de la primera mesa directiva de la nueva Legislatura. (Con información de Jesús Vázquez)

Especialistas

Urgen homologación en entidades

Tras la aprobación de las siete leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, el paso siguiente es definir las normas, coincidieron especialistas en rendición de cuentas.

El director de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez, explicó que más allá de la transparencia, la sociedad mexicana debe entender que el país se encuentra en un proceso de transición hacia una agenda de lucha en contra de la corrupción e impunidad.

En entrevista, el directivo de TM explicó que las primeras siete normas ordenaron el análisis sobre el tema anticorrupción y lo que sigue es empujar una agenda transversal que pase por fuero e impunidad política, fiscalía general, registro público de la propiedad, consolidar la ley de archivos y la protección de datos personales, entre otros ordenamientos.

La lógica de un sistema -abundó- es revisar todos aquellos espacios que generan corrupción y no sólo donde se presentan.

En este sentido se pronunció Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y Rendición De Cuentas de Fundar, quien explicó que para este periodo de sesiones, los legisladores tienen pendiente identificar, de la mano de actores interesados, las iniciativas específicas para legislar en temáticas como las leyes de adquisiciones u obra pública.

En paralelo, el investigador de Fundar ubicó a todos los procesos de designaciones a cargo de las cámaras del Congreso de la Unión. Ello incluye a los nuevos magistrados electorales; el procurador general de la República, que podría convertirse en el primer fiscal general; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el nuevo fiscal especial en materia de Combate a la Corrupción, y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Eduardo Bohórquez advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción implica una compleja agenda, ya que va más allá de establecer un artículo constitucional, es (ver) cómo se conectan siete instituciones, los mecanismos que tienen cada una de ellas .

En tanto, el director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz-Infante Chapa, advirtió que es urgente la homologación de leyes, instituciones y órganos locales a lo aprobado a nivel federal.

Trabajo en el Senado

Cabe recordar que en julio pasado, el Senado de la República aprobó con 116 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate al cohecho en la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías, así como establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.

Esta norma contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que estará integrado ?por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes.

Asimismo, en el Senado, entre otros puntos, está pendiente la expedición de la ley general para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.

También, las reformas secundarias en materia de transparencia; la expedición de la ley general de archivo, así como las modificaciones legales a diversos ordenamientos en materia de contrataciones público-privadas y a la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Nombramientos, con base en méritos

Ante los procesos de ?designación contemplados para las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil instan al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, en tanto autoridades encargadas de estos procesos, a incorporar, como mínimo, cinco elementos de gobierno y parlamento abierto.

Al presentar la campaña Designaciones contra la corrupción y la impunidad , organizaciones como Freedom House, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 demandan que los nombramientos públicos se lleven a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto.

Los organismos civiles destacan que entre los nombramientos se encuentran los nuevos magistrados electorales, el procurador general de la República, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el nuevo fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para las organizaciones, el proceso debe incorporar como mínimo:

1. Realizar convocatorias públicas en las que se determine de manera previa y clara el proceso.
2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso.
3. Implementar comparecencias públicas de candidatos para que la ciudadanía pueda conocer sus propuestas.
4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que éstos sean públicos antes y después de la toma de decisiones.
5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos.

(Ana Langner)