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Política

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Inicia el periodo de oposición a iniciativas de EPN

El Congreso regresa a sesionar mañana cuando los partidos están inmersos ya en el cierre de búsqueda de sus candidatos y empieza la caza del electorado; un escenario complicado para las 11 iniciativas del presidente que aún faltan por ser aprobadas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto llega a un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en medio de la efervescencia electoral, y justo cuando los partidos políticos enfocan sus baterías en la búsqueda de votos y en ganar espacios de representación.

El mandatario suma 11 iniciativas que los diputados y los senadores aún no aprueban. Tales proyectos han sido presentados en diferentes periodos de su sexenio y no se tiene un plazo específico y legal para que sean procesados.

Una herramienta con la que cuenta Peña Nieto para que se analicen de manera más ágil sus iniciativas es la iniciativa preferente, sin embargo, en la apertura de este periodo ordinario de sesiones no fue notificado al pleno que se hubiese presentado alguna por parte del presidente.

Cabe destacar que la Constitución otorga al presidente la facultad de enviar hasta dos iniciativas preferentes o de solicitar que dos proyectos que ya había presentado se tomen como tal, lo que permite que los legisladores federales las analicen y resuelvan en un periodo breve de tiempo.

Las iniciativas preferentes se pueden presentar en cada apertura de sesiones ordinarias del Congreso, es decir, en febrero y en septiembre de cada año. La única restricción es que no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o de reformas a la Constitución.

Peña Nieto sólo ha utilizado en una ocasión la iniciativa preferente, misma que ya fue publicada el 4 de diciembre pasado. Se trató de un proyecto en pro de los derechos de la niñez. Esta iniciativa fue presentada y aprobada en tan sólo tres meses (septiembre-diciembre del 2014).

Así, al iniciar este nuevo periodo de sesiones del Poder Legislativo, que correrá de febrero a abril del 2015, el mandatario estará a la espera de que alguna de sus 11 iniciativas sean aprobadas en el transcurso de las siguientes semanas.

Es necesario precisar que estas 11 iniciativas pendientes sólo representan 16.42% del total de proyectos presentados en todo su sexenio, ya que el resto ya han sido aprobados.

Entre las iniciativas presidenciales pendientes se encuentran reformas para precisar diversos elementos del delito de desaparición forzada de personas; para establecer el mando único policial estatal, y para regular la estructura y las atribuciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público de la Federación (MP).

También están pendientes reformas para regular el procedimiento de expulsión del territorio nacional de personas extranjeras que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad, y para desligar el salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Otras reformas pendientes buscan agilizar los trámites y los procesos para la contratación y realización de obra pública; así como modernizar la organización y funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Cabe destacar que en junio próximo habrá elecciones en más de la mitad del país, cuando los ciudadanos votarán en las urnas por más de 2,000 representantes populares (entre federales y estatales), entre ellos 500 integrantes de la Cámara Baja.

Iniciativas presidenciales pendientes

  • Reforzar la legislación en materia de desaparición forzada de personas.
  • Crear el mando único policial estatal.
  • Elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores.
  • Instaurar el seguro de desempleo.
  • Regular la suspensión de derechos y garantías.
  • Regular expulsión de extranjeros cuando representen un amenaza.
  • Especificar atribuciones de la Fiscalía General de la República.
  • Expedir la normatividad para la promoción permanente de la competitividad.
  • Modernizar el funcionamiento de Fonacot.
  • Agilizar trámites y procesos para contratación y realización de obra pública.
  • Desvincular al salario mínimo del pago de obligaciones.

mauricio.rubi@eleconomista.mx

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