Inicia la cirugía mayor a las dependencias; elimina dos

Comisión anticorrupción actuaría por oficio

Enrique Peña Nieto (PRI) entregó a los legisladores del PRI su iniciativa de reforma constitucional para crear la comisión nacional anticorrupción, cuya función sería investigar actuaciones indebidas de funcionarios de los tres niveles de gobierno, para lo cual podría actuar con denuncia o, incluso, por oficio.

Ello implicaría la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que para el ejercicio fiscal 2012 contó con un presupuesto de poco más de 1,630 millones de pesos y cuya estructura es de 2,151 plazas.

Las tareas de la Secretaría de Función Pública que no estén relacionadas con el combate a la corrupción pasarían a la Secretaría de Hacienda.

Respaldado por legisladores de su partido y sus colaboradores para la transición, el Presidente electo detalló ayer que el objetivo es que el gobierno actúe con mayor eficacia en el combate de faltas administrativas y conductas de corrupción del más modesto servidor público, hasta gobernadores, presidentes municipales e incluso ciudadanos.

Informó que esta iniciativa se envía al Senado, donde el coordinador del PRI es Emilio Gamboa, por tratarse de una reforma constitucional, cuyo proceso de aprobación debe conseguir el voto de dos terceras partes de ambas cámaras, así como la aprobación de al menos 16 congresos estatales, lo cual obligará al PRI a negociar con la oposición.

Peña Nieto indicó que la comisión tendría la facultad de actuar de oficio por notificación de otros órganos del Estado, así como por denuncias o reportes ciudadanos. La comisión (...) no estará impedida (...) y no tendrá limitación por razones de secreto bancario, fiduciario o fiscal , indicó.

Dicha facultad la posee, por ejemplo, el IFE para investigar las finanzas de los partidos políticos y detectar entrada de dinero indebido.

Otro punto que destacó es que la comisión podrá también investigar a particulares que pretendan beneficiarse de actos de corrupción.

También informó que se plantea la obligación para que los estados creen sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción de carácter colegiado, con autonomía y personalidad jurídica, así como con patrimonio propio.

Se propone también facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la corrupción. Esto asegura que tanto los actos de corrupción, como las responsabilidades administrativas y penales que se deriven serán las mismas en todo el país .

Asimismo, la comisión actuaría en apego a las prácticas internacionales, se le facultaría para impulsar acciones y programas de carácter preventivo, así como la ética y la honestidad en el servicio público.

Para ello se propone la creación de un consejo nacional por la ética pública, del que estarán formando parte representantes de todos los niveles de gobierno en el país (y) de la representación social .

LLEGÓ AL SENADO

En tanto, los senadores del PRI presentarán hoy la iniciativa para crear la comisión nacional anticorrupción.

La propuesta plantea que esa comisión la integre cinco comisionados, propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, que no tendrán fuero y podrán ser sujetos a responsabilidades civiles.

Plantea que ese organismo podrá actuar con capacidad de investigación de un Ministerio Público para perseguir y llevar hasta los jueces los expedientes por actos de peculado, uso indebido de recursos públicos, usurpación de funciones y cualquier acto de corrupción en los gobiernos, empresas, fideicomisos públicos y cualquier institución que ejerza recursos públicos, incluye a sindicatos.

Con colmillos

• El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponderá al MP y a la comisión anticorrupción.
• La comisión podrá observar delitos de corrupción de los poderes de la Unión, de los estados, municipios, órganos autónomos o particulares, y cualquier institución que ejerza recursos públicos.
• Se ordena a la comisión actuar con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalización y discreción.
• Será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, e independencia presupuestaria.
• La integraría cinco comisionados con encargo de siete años y salario igual al de un ministro de la SCJN.
• Los comisionados serían propuestos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado.
• La prescripción de los delitos relacionados a actos de corrupción en ningún caso será menor a 10 años.
• Los comisionados nombrarán al presidente de la comisión y podrán ser sujetos de juicio político.
• Obliga a autoridades y servidores públicos a auxiliar a la comisión.
• Las sanciones que emita la comisión podrán ser apeladas ante juzgados especializados del Poder Judicial de la Federación.

politica@eleconomista.com.mx