Jaloneo por acceso a cifras de inseguridad

Luis de la Barreda Solórzano, presidente del ICESI, y Federico Reyes Heroles de Fundación Este País, manifestaron ayer que el INEGI y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han incumplido la instrucción del presidente Felipe Calderón de entregar la base de datos para llevar a cabo la VII Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7/2009).

Por su parte, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario de la SESNSP, comentó a El Economista que el ICESI no leyó bien el compromiso y la entrega de datos levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se entregará este domingo, con lo que se dará cumplimiento al compromiso adquirido.

En conferencia, De la Barreda Solórzano y Reyes Heroles precisaron que, de todos modos, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) realizará la encuesta buscando medios alternos para que no quede un vacío sobre una materia que es la principal preocupación de los mexicanos, que es la inseguridad.

El Presidente del ICESI, quien fuera el primer ombudsman del Distrito Federal, narró que el compromiso de entrega del INEGI era para la primera semana de noviembre’’, hasta que él tuvo contacto con el Secretariado Ejecutivo del SNSP e INEGI, quienes informaron que se entregarían hasta el 19 de noviembre.

Tanto Reyes Heroles como De la Barreda Solórzano expresaron que este tipo de medidas sólo dejan ver que se sigue buscando evitar la intervención del ICESI, que desde el 2002 ha realizado las ENSI con recursos públicos y privados, resultados que fueron mal vistos por los gobernadores del Estado de México, Distrito Federal, Sonora y Tamaulipas. Hechos que ocurrieron durante la firma del pacto en Palacio Nacional. Después, en junio de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que el ICESI quedaría fuera de la Encuesta y sería el INEGI la responsable.

Por la tarde, el SESNSP emitió su postura en la que pide a los organismos sociales y académicos del país su participación decidida en torno de los temas de información sobre seguridad pública.

Ni el gobierno Federal ni el SESNSP han excluido al ICESI ni a cualquier otra organización social de la ENSI; sólo se promovió que el INEGI, coadyuve con este esfuerzo social .

Rubén Fernández Aceves, responsable del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), quien estuvo presente en el encuentro encabezado por Alcántara Soria, destacó: Las organizaciones civiles por su experiencia y capacidad de despliegue no serán excluidas ni se prevé que el INEGI esté a cargo de la Encuesta en forma exclusiva’’.

Una vez concluido el procesamiento de los datos, la información será entregada a las instituciones federales y estatales de seguridad pública, lo mismo que al ICESI y se hará pública para que cualquier interesado pueda realizar los análisis que considere pertinentes .

Por último, solicitó Fernández Aceves al ICESI, organismos sociales y académicos, su participación para proponer el cuestionario de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2011 (ENSI-8), que será levantada por el INEGI durante el primer bimestre del próximo año.

Un historia incómoda

En el 2002, el ICESI, con respaldo de organismos civiles, inició lo que se conocieron después como:

Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI).

En el 2008 y el 2009, el ICESI es invitado al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En el 2009 en Palacio Nacional, las cifras del ENSI son cuestionadas.

La Conferencia Nacional de Gobernadores pide que sea el INEGI -en el 2009- quien registre los índices de violencia, porque los del ICESI son extemporáneos.

El ICESI antes de junio firma un convenio con la SSPF para que esté a cargo de la ENSI-7/2009, cuyo levantamiento sería realizado por el INEGI.

El 16 de junio del 2010, el Diario Oficial de la Federación publica que el ICESI queda fuera del levantamiento y la encuesta nacional. El ICESI y otras organizaciones denuncian públicamente el deslinde oficial.

En los diálogos implementados por el Ejecutivo federal se recula y el Presidente sostiene que lo mejor es que la medición criminal sea hecha por el ICESI para evitar sospechas. Hasta hoy sigue la pelea.

rtorres@eleconomista.com.mx