José Ramón Cossío expone un intento de magnicidio y la sádica respuesta de un Estado mexicano, fuera de sí

El 5 de febrero de 1970, un joven de 28 años intentó matar al presidente Gustavo Díaz Ordaz. El Estado mexicano reaccionó con saña: encubrió el atentado y activó un mecanismo de aniquilación en vida del perpetrador; mediante desvíos jurídicos y falsos diagnósticos psiquiátricos, una juez ordenó internarlo en un manicomio, donde permaneció 23 años, sometido a tratos inhumanos y de donde salió lo que quedaba de él, sólo para vagabundear por las calles, donde terminó su historia.

En 172 páginas del libro “Que nunca se sepa. El intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz y la respuesta brutal del Estado mexicano”, editado por DEBATE, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, relata los hechos consignados en el expediente y expone respuestas e hipótesis de por qué el Estado mexicano actuó de esa forma; demuestra la manipulación del derecho y expone la politización del caso.

—¿Por qué es importante revisar los expedientes judiciales de casos que sucedieron ya hace varios años?

—La gente tiene la idea de que los expedientes no deben leerse porque cuentan mentiras. Yo no digo que eso sea falso ni verdadero, lo que pasa es que los expedientes cuentan lo que se llevó a un proceso judicial.

Dentro de ese proceso judicial se pueden ver dos cosas: una, cómo se tomaron decisiones adentro y fuera de los expedientes.

En muchas ocasiones se puede ver acciones que se ven plasmadas en el expediente, pero que no se tomaron en el expediente, o que se tomaron antes o durante el tiempo de tramitación. Ejemplo de ello es el libro “Biografía judicial del 68”, que hice hace unos meses, porque, en ese caso, lo que era muy fácil era mostrar que muchas cosas se habían estado haciendo fuera del expediente judicial.

En el caso de Carlos Castañeda, que intentó matar al presidente Díaz Ordaz, muchas decisiones no se estaban tomando ahí. Detienen a esta persona, deciden no llevarla a un juicio penal, deciden que el juicio que le corresponde es un juicio de carácter civil.

Había un actuar político muy serio, tanto, que terminó con la vida de esta persona y de ese actuar queda en el expediente.

El expediente sirve para reconstruir el caso judicial, pero también para construir todos los elementos que están fuera de ese caso concreto.

—En el caso de este intento de asesinato, ¿qué fue lo que pasó y no debió pasar, desde el punto de vista del marco de derecho vigente cuando ocurrieron los hechos?

—Se trató de un intento de asesinato. El señor Castañeda lo dice y nunca lo niega. Entonces, este caso debió ser llevado ante un tribunal de carácter penal. Había un intento de homicidio. Había un disparo de arma de fuego, pero, en lugar de llevarlo a un tribunal penal, se le llevó a otra dimensión, que fue la dimensión civil, para declararlo incapaz mental, en un juicio que se llevó a cabo, en muy pocos días y lleno de irregularidades.

Entonces, si uno contrasta lo que debió haber sucedido, es decir, un proceso penal, contra un proceso civil, uno piensa que hay decisiones, por parte del Estado mexicano, de ocultar esa verdad, a fin de que esta persona fuera, con malas artes, declarada incapaz mental y después encerrarla, cosa que también es terrible, en una celda aparte, para el efecto que nadie pudiera saber de ella, conocerla.

Eso demuestra que el Estado mexicano reaccionó de manera, por demás violenta, contra una persona que, sin duda cometió un delito, pero que su caso fue tratado (de manera irregular).

—¿Qué fue lo que debió pasar, a la luz del marco legal de ese tiempo y no pasó?

—Hubo un delito, de disparo de arma de fuego, de daño a la nación, porque se dañó a un automóvil propiedad del Gobierno.

Ese delito se dio en flagrancia. Esta persona debió ser detenida e, inmediatamente, llevada ante la Procuraduría, donde el agente del Ministerio Público debió haberla consignado ante un juez.

El juez, en 72 horas, debió previsiblemente, haber abierto un proceso penal, seguirse un proceso penal, haberse presentado una apelación, si es que la decisión no le gustaba a alguna de las partes, haber ido a un amparo y tenerlo.

Si en el proceso se hubiera determinado que el Señor Castañeda, efectivamente padecía de sus facultades mentales, en un grado importante, pues debió ser sometido, una vez declarado culpable, a una medida de seguridad.

Si no se demostraba que estaba perturbado de sus facultades mentales, se le debió haber impuesto prisión o en un hospital psiquiátrico en el tiempo en el que compurgara la pena o durante el tiempo de su rehabilitación. En estricto derecho vigente entonces, eso es lo que debió haber ocurrido.

—¿Las irregularidades solo están en lo que tiene que ver con decisiones judiciales?

—Si nos ponemos a sumar las irregularidades serían de varios actores. Primero, de los agentes de la policía, que no entregaron al señor Castañeda ante el Ministerio Público; segundo, del Ministerio Público, que sí conoció de estos hechos; tercero, de miembros de las fuerzas armadas, que lo mantuvieron detenido en el Campo Militar Número 1, durante  varios días. Después, de la juez civil que, con muy pocos elementos,  determinó que estaba perturbado. Luego, del tutor y del curador, porque no tuvieron ningún empeño en revisar el proceso. Luego, de varios médicos psiquiatras, que comparecieron al juicio y, con una enorme superficialidad y amañamiento, consideraron la condición psiquiátrica  del señor  Castañeda.

Luego, de las autoridades del hospital psiquiátrico Ramírez Moreno, que le dieron un trato completamente fuera de lo que disponían las leyes.

—¿Qué explica que el Estado haya actuado así?

—No digo que estén bien, pero se pudieron haber tomado varias decisiones. En ese momento, el Estado mexicano ya había desaparecido personas, entonces pudieron haber tomado la decisión de desaparecerlo, como en otros casos.

Pudieron haberlo asesinado. También el Estado mexicano ya había asesinado a varias personas.

Tercero, pudieron haberlo llevado a un proceso penal, que hubiera sido lo correcto.

Las decisiones que tomaron los jueces no son decisiones autónomas, son decisiones profundamente amañadas, en las que, en realidad, estas autoridades distorsionaron la situación para llevar al señor Castañeda al proceso.

Las autoridades políticas tomaron decisiones que impusieron a las autoridades ministeriales, judiciales y policiales para que estas les dieran forma jurídica para que así, se tuviera el resultado que estaban buscando obtener, que es la declaración de incapacidad de este señor.

—¿Qué reflejan esas decisiones?

—Esta parte es muy especulativa, porque no quedó constancia de eso, pero, viendo lo que se procesó en el expediente y la manera en que lo recluyeron, uno podría suponer que lo que quería el Estado era ocultar completamente el hecho, porque, además, ningún medio de comunicación lo dio a conocer. Se llevó a cabo un control de los medios de comunicación para que nadie informara de este proceder.

Del porqué no se quería que se supiera, puede haber varias hipótesis. La primera porque el presidente Díaz Ordaz estaba a unos meses de terminar su mandato; porque estaba cerca el mundial de Futbol y porque no se quería que se supera que se atentó contra un presidente que era la encarnación de la Revolución o porque temían que hubiera una conspiración católica de la que ellos no estuvieran preocupados y que les pudiera preocupar.

—¿Ganó algo el Estado?

—Han de haber supuesto que sí ganaron, porque no se dio a conocer el caso, que se salieron con la suya, porque no se supo nada, hasta muchos años después.

diego.badillo@eleconomista.mx