Justicia social, de Cananea al nuevo Sistema de Justicia Laboral

* Magistrado Sergio Javier Molina Martínez, Consejero de la Judicatura Federal.

A Cananea se le llama "Cuna de la Revolución". La huelga que ahí se gestó es un antecedente importante de la Revolución Mexicana. A mediados de 1906, los trabajadores de la mina de cobre en Cananea, Sonora, se declararon en huelga, protestaban por los bajos salarios, pedían que la jornada de trabajo se redujera a ocho horas y que hubiera un día de descanso a la semana. Además, reclamaban que no se diera trato preferencial a los trabajadores estadounidenses.

Sin duda lo que los hombres buscaban en Cananea a la postre se conoce como justicia social; merecido reconocimiento a esos trabajadores y al valor de las y los jueces por hacerla valer.

Es en este contexto, que la implementación del nuevo sistema de justicia laboral debemos recordarla como un día histórico para nuestro país, ya que se trata de una reforma que busca la reivindicación social.

La justicia social desde aquellos años hasta hoy, ha sido la necesidad de encontrar maneras de alcanzar mejores niveles de vida para aquellas personas o grupos, que por la economía o el totalismo financiero, menos tienen: los desvalidos, excluidos o pobres.

En el tema laboral, nuestro país se ha convertido en un referente internacional para países principalmente de América y Europa por la marcada búsqueda de esa justicia social. Por decir unos datos: el salario mínimo se ha incrementado o renivelado en un 75% en los últimos 4 años, y en la frontera en 200%. Algo inédito en los últimos 35 años.

Y es que esos mitos se han roto: la inflación que se nos decía sería insuperable, se ha mantenido estable; las inversiones que se irían a otro país no se han ido, por el contrario, se han roto los récords en inversión extranjera directa. Pronto no habrá más espacio en los parques industriales con la llegada de más empresas con un fenómeno llamado relocalización.

Pero también se ajustaron temas de pensiones para integrar a más personas en las jubilaciones. Laboralmente se ha regulado la seguridad social para las trabajadoras y trabajadores domésticos y, por si fuera poco, se ha limitado en gran medida el outsourcing o terciarización en el empleo.

Todo ello es la justicia social: visibilizar, ver, atender a los necesitados, olvidados y vulnerados. Esas y más acciones son protegidas, encausadas y atendidas por la nueva justicia laboral en nuestro país con las juezas y los jueces quienes con sus decisiones independientes aseguran, promueven y resuelven esos cambios, esa transformación.

Con su presencia en los casos, con el desahogo de las pruebas en su presencia, y con sus sentencias rápidas y agiles. No se tolera ahora condenas por menos de los temas mínimos, no se tolera la terciarización del empleo, no se condena artificialmente a los paraestatales como la CFE, ISSSTE, IMSS o PEMEX. Ya no hay industria de litigio contra micro y medianas empresas.

La armonía entre proyectos del Estado Mexicano se ha logrado con la independencia de nuestros jueces laborales, libres de presiones internas y externas. Valores de una sociedad y realidades poco conocidas. Ellos están formados para lograr la justicia social anhelada, perseguida y que tanta falta nos hace.

Los jueces con sus decisiones también transforman la realidad. Cambian los entornos desfavorecidos, dan vida al olvidado y logran mejores estándares para los pobres. Los ejemplos son claros. Hoy en las demandas laborales donde se reclaman despidos injustificados por mujeres en estado de gravidez, las empresas deben pagarle el seguro social para atender el parto y posparto. Esa es justicia social ¡Esa es llevada a cabo por nuestros jueces! 

Otro ejemplo: en la industria automotriz, la labor de los juzgadores federales ha logrado que el salario aumente en forma directa el doble que la inflación en porcentajes que van del 7 al 9% directo. Y no sabemos si esa transformación que han logrado con sus decisiones, ha inspirado a que en más de 14 plantas de nuestro país vecino del norte, sus trabajadores estén pidiendo exactamente los mismos reclamos.

Estos dos ejemplos son una muestra de que el Poder Judicial Federal contribuye a la justicia social; esa justicia social de los desventajadas y pobres de este país.

El ideal de los mártires de Cananea sigue firme: alcanzar mejores niveles de vida para las trabajadoras y trabajadores, sindicatos independientes y empresarios.

Para lograrlo, las personas juzgadoras al ser independientes y autónomas, requieren insumos, herramientas y elementos para realizar su trabajo. Esta es una decisión compartida con más actores e instituciones políticas.

Hago votos para que la razón se imponga en sus decisiones futuras, y comprendamos que todos los jueces, federales y locales, contribuimos a nuestras realidades y, lo que es más, a nuestras vidas y destinos.