La solución al problema de violencia en Guerrero no es la desaparición de Poderes: expertos

Guerrero presenta un serio problema de Estado de derecho, gobernabilidad y violencia; sin embargo, la solución no es decretar la desaparición de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; lo que sí se requiere, y con urgencia, son acciones contundentes desde la federación y el ámbito local, y que se convoque a un gran pacto estatal de reestructuración y de combate a la impunidad, plantearon analistas en asuntos constitucionales, de seguridad y políticos, consultados por El Economista.

Para la exdiputada federal guerrerense, Ruth Zavaleta, la solicitud de desaparición de Poderes es un asunto relacionado con cuestiones políticas.

Dijo que además de considerar si se reúnen o no los votos necesarios en el Senado para que una propuesta de este tipo prospere, debe de contar con el respaldo del Presidente de la República.

La exlegisladora comentó que antes de votarse el caso en el Senado, se tendría que hacer una investigación en Guerrero para constatar si se cumplen los supuestos que plantea la ley para que proceda.

Si eso ocurre, el gobierno, el Congreso del estado y el Poder Judicial guerrerenses van a decir que cumplen con su trabajo y organizaciones no gubernamentales o sociales que estén padeciendo problemas derivados de ingobernabilidad simplemente no van a denunciarlo porque de hacerlo corren el riesgo de ser reprimidos por quienes ejercen el poder en sus comunidades.

Eso ocurre porque donde hay problemas serios que pudieran ser elementos para una desaparición de Poderes, grupos de criminales o de poder controlan la vida en esos lugares.

La reconocida política guerrerense y doctora en Derecho consideró que lo que se necesita en esa entidad es un acuerdo en el que participen todos los sectores.

Para restaurar la gobernabilidad en Guerrero se necesita un gran pacto de reestructuración y de combate a la impunidad y la violencia.

Por ello indicó que se requiere que la gobernadora convoque a todos los sectores, tanto los legalmente constituidos como sociales y construir un verdadero proyecto de conciliación.

En ese sentido, mencionó que es necesario llevar a cabo la compleja tarea que implica reconstruir el tejido social y para ello hay que tomar en cuenta que hasta los delincuentes son ciudadanos y resulta inaceptable que los jóvenes guerrerenses se estén matando entre ellos, simplemente porque están metidos en bandas criminales antagónicas. 

Combatir la violencia que padece requiere intervención local y federal

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), se manifestó en favor de la desaparición, pero solo del poder Ejecutivo en Guerrero, debido a que esa entidad se encuentra en una profunda crisis de inseguridad y, de continuar las cosas como están, la situación irá empeorando.

En su opinión, generar condiciones de seguridad en Guerrero requiere de la implementación de una serie de medidas tanto desde el ámbito federal como estatal y municipal.

Llamó la atención en que los estados no tienen competencia para combatir la delincuencia organizada, pero aquí la situación se agrava porque muchos delitos del fuero común son cometidos por integrantes de la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo el desbordado problema de la extorsión que afecta a esa entidad y el control de cadenas de producción y distribución de productos como el pollo y huevo, cigarrillos y cerveza, hasta la que afecta a la industria restaurantera.

Eso implica que para solucionar el problema hay tramos de responsabilidad municipal, estatal y federal.

Además, en la solución de esa problemática es necesario involucrar al sector social y al sector productivo, no confrontarse con ellos, remarcó.

Asimismo, garantizar el flujo de presupuesto, por ejemplo, para fortalecer a los cuerpos policiacos estatal y municipales que llevan años sin un centavo para ello.

Dijo que un ejemplo de la gravedad de la situación es que cuando ocurrió el desastre por el paso del huracán Otis en Acapulco, saquearon cajeros automáticos, abrieron bóvedas de bancos y saquearon negocios en un lugar que estaba lleno de efectivos de la Guardia Nacional.

Por su parte el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, mencionó que estamos ante un asunto indudablemente político, pues, aunque esa entidad acusa serios problemas de inseguridad, ingobernabilidad e, incluso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no está cumpliendo con su trabajo, puesto que la situación la ha rebasado, no se cumple con lo que establece la ley para una declaratoria de esa naturaleza.

¿Qué dice la Constitución y ley secundaria respectiva?

De acuerdo con la Constitución mexicana, es facultad exclusiva del Senado “declarar cuándo hayan desaparecido los Poderes en alguna entidad federativa".

En tanto, la Ley Reglamentaria de la Fracción V, del Artículo 76 de la Constitución establece que corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional. El reglamento especifica que se configura la desaparición de los Poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: 

“I.- Quebrantaren los principios del régimen federal. II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. 

III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. 

IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares. 

V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República”.

Al respecto, Francisco Burgoa consideró que no se cumple con ello. Además, recalcó que la desaparición de poderes implica no solo al Ejecutivo, cuya titular es la gobernadora Salgado Pineda, sino también al Legislativo y el Judicial.

Una declaratoria de desaparición implicaría que se ha corroborado que ninguno de los tres poderes está funcionando.

En su opinión, a la mandataria guerrerense se le puede acusar de incompetencia, e incluso promover un juicio de procedencia en su contra, pero no hay elementos que justifiquen la desaparición de poderes.

Burgoa comentó que si bien de 1917 a 1975 cuando se declaró la más reciente declaración de desaparición de poderes (fue en el estado de Hidalgo) se realizaron 62 desapariciones de poderes, lo cual es una muestra de que se hizo un abuso de esa posibilidad, desde 1978, cuando se aprobó la ley reglamentaria en la materia no ha ocurrido ni una.

diego.badillo@eleconomista.mx