Levantaron viviendas con recursos propios tras los sismos de septiembre de 2017

El gobierno federal reportó un avance nacional de 30% en las acciones de reconstrucción de vivienda, escuelas, hospitales y centros culturales afectados por los sismos de septiembre del 2017, respecto de la meta fijada para este año.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, explicó que el anterior gobierno dejó un censo de 186,526 viviendas afectadas; 19,198 escuelas; 297 centros de salud y hospitales; así como 2,340 edificios históricos afectados en 700 municipios con declaratoria de desastre.

Aseguró que el nuevo gobierno hizo un nuevo censo y concluyó que el avance de reconstrucción fue de 21% en las viviendas reconstruidas, y no de 29% como reportó la administración pasada. Expuso que en entidades como Guerrero y Morelos se encontró un mayor número de viviendas reconstruidas, pero la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos.

“En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibió incompletos sus apoyos. Hubo casos, como en Chiapas, en donde una de cada tres familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción”, aseguró el funcionario durante una conferencia en Palacio Nacional para dar el corte de caja ante los sismos del 2017.

El comisionado nacional para la reconstrucción, David Cervantes, dio a conocer que de enero a agosto de este año el nuevo gobierno restableció 38,000 viviendas; 132 hospitales; 7,300 escuelas y 1,780 centros culturales. Expuso que dichas cifras representan progresos de 26% en vivienda, 59% en educación, 17% en salud y 47% en cultura, con un presupuesto de más de 28,000 millones de pesos. “Un global de avance respecto de la meta 2019 de 30%”, acotó.

Escuelas afectadas: 19,198

En tanto, la SEP declaró que el Programa Nacional de Reconstrucción 2019 Reconstruyendo Esperanza, continúa con los trabajos de atención en 19,198 escuelas afectadas por los sismos de hace dos años, en 11 estados del país.

La dependencia detalló que en coordinación con Sedatu, y con base en el Diagnóstico de Inmuebles Dañados 2017-2018, se atienden 4,913 escuelas en el Estado de México; 3,070, en Chiapas; 3,011, en Oaxaca; 2,273, en Puebla; 1,990, en Ciudad de México; 1,343, en Morelos; 1,013, en Tlaxcala; 570, en Michoacán; 550, en Guerrero; 413, en Hidalgo, y 52 planteles en Veracruz.

La secretaría afirmó que el programa Reconstruyendo Esperanza reporta un total de 7,344 acciones para la reconstrucción, y una inversión total de 10,538 millones de pesos, de los cuales, 726 millones corresponden al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; 5,014 millones al Fondo de Desastres Naturales; 759 millones al cobro de seguros y 4,039 millones a distintas fuentes de financiamiento.

El proceso de entrega de apoyos

El mecanismo de entrega de tarjetas a la población damnificada tras los sismos recientes sigue siendo útil en el programa de reconstrucción bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se han entregado unas 30,000 tarjetas nuevas, aseguró el subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, David Ricardo Cervantes Peredo.

Entrevistado por El Economista, el comisionado para la reconstrucción del gobierno federal acotó que si bien se siguen entregando recursos económicos vía tarjetas utilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a diferencia del programa implementado en ese entonces, en la actualidad se realiza un acompañamiento a los beneficiarios para verificar que los recursos lleguen y sean utilizados efectivamente en materiales de reconstrucción para la rehabilitación de vivienda.

Cervantes Peredo indicó que el proyecto consiste en que llegue un técnico a la vivienda dañada para que en conjunto con la familia que la habita pueda diseñar el plan de reconstrucción. “Esto se presenta a un comité de la Comisión Nacional de Vivienda que aprueba el monto que se requiere para esa reconstrucción y ya queda formalizada la persona como beneficiario del programa.

“El recurso no se entrega en una sola (exhibición). Si es una reconstrucción total, se da en tres partes, de manera que el asistente técnico se pone de acuerdo con los beneficiarios para empezar la obra y poder ejercer el recurso; si hubiera alguna irregularidad (...) el asistente técnico lo reporta e inmediatamente se deja de suministrar o dar la segunda ministración”, dijo.

Historias, a dos años del sismo

Entre el trabajo y la defensa del patrimonio

Desde hace dos años, Karina Solís ha dividido su tiempo en defender su patrimonio y trabajar, porque acusa que hasta el momento su inmueble, que sufrió daños por los sismos de septiembre del 2017, no ha sido debidamente atendido por las autoridades.

Karina, quien vive en la colonia Del Mar de la alcaldía Tláhuac, relató que su domicilio sufrió graves daños por el temblor del 2017, el cual generó grandes grietas en las calles, además de que hubo ruptura de drenaje y hundimiento del suelo.

Afirma que desde ese día ella y sus familiares viven con el temor de habitar una casa con grietas en los suelos y muros, y que hasta el momento no ha sido reparada.

Recuerda que tras el sismo, en su colonia cerca de 1,000 viviendas se vieron afectadas y 500 tenían que ser demolidas. Sin embargo, ella considera que esos datos no son exactos, porque muchas casas no fueron contabilizadas desde la administración pasada y continúan invisibles para el gobierno actual.

“Hay personas que el gobierno pasado no vio. El grupo de transición de Claudia Sheinbaum no vio y los monitores de este nuevo gobierno (...) tampoco están viendo que las viviendas continúan afectadas”.

Explicó que desde la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México, a la que pertenece, también se le ha exigido a las autoridades reconstruir la infraestructura urbana que se encuentra severamente dañada, para evitar que las viviendas y negocios vuelvan a sufrir afectaciones.

“Mi vida cambió. Ahora mi tiempo se divide entre el trabajo, la organización, la defensa del patrimonio, mesas de trabajo que a veces terminan en la madrugada y al otro día tenemos que trabajar, porque a nosotros no nos pagan por ser damnificados”.

“No hay una ruta certera para la reconstrucción”

Desde hace 41 años, Sergio Rosales vive en la colonia Del Mar. Su casa sufrió graves daños por el temblor del 19 de septiembre del 2017, y tras un dictamen de las autoridades que advierte que el inmueble debe ser demolido, él y su familia fueron reubicados, y después de dos años desconocen cómo se llevará a cabo el proceso para recuperar su patrimonio.

Actualmente, Sergio habita en la misma colonia en la alcaldía Tláhuac, pero renta dos accesorias, en las que duerme con cuatro personas más y dos perros. Su hijo tuvo que mudarse al Estado de México para estudiar la universidad ante la falta de espacio y condiciones adecuadas para continuar con sus estudios.

“Mi núcleo familiar se tuvo que separar, ya que mi casa salió afectada y no hay como pagar en Ciudad de México una renta de 4,000 pesos, que era con lo que nos apoyó el gobierno. Mi casa se recargó en el predio contiguo. Además tiene una grieta y un desplome de más de 45 centímetros”.

Relató que en la primera evaluación de las autoridades se determinó que la casa se podía reparar, por lo que además de pagar dos rentas, la de su hijo y la de las accesorias, invirtió en reparaciones y material, que al final no sirvieron, porque con una segunda evaluación se determinó que hay alto riesgo de desplome.

Sergio aseveró que, apenas hace ocho días, el gobierno de la Ciudad de México, ordenó la demolición de su casa, por lo que espera que esto ocurra la próxima semana.

“Hasta el momento no sé qué es lo que va a suceder con la propiedad o en dónde nos van a reubicar. En una gaceta que se publicó a mediados de este año decía que los predios serán expropiados por el Estado y éste otorgará un inmueble similar, pero no sabemos si será similar en el aspecto o en ubicación. No hay una ruta certera”, expresó Rosales.

Desde 2017 imparten clases en un parque

En la Escuela Secundaria 198 Luis Pasteur ubicada en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa, van dos años que se imparten clases en aulas prefabricadas en el estacionamiento de un parque, porque el plantel aún no se encuentra reparado después de los sismos del 2017, así lo narró María Elena Vargas, profesora de español de primer y tercer grados.

La maestra recordó que el 26 de agosto de este año, tanto padres de familia como alumnos y docentes se movilizaron para cerrar calles de la demarcación para exigir la reparación del inmueble y que cerca de 1,300 estudiantes y 150 administrativos puedan regresar a la institución.

Desde noviembre del 2017, las y los alumnos y el personal escolar fueron reubicados en el estacionamiento del parque Plaza Valentín Campa, de la alcaldía Iztapalapa, ahí se levantaron 17 aulas prefabricadas, tres espacios para oficinas y 10 sanitarios portátiles para la comunidad escolar.

María Elena explicó que desde antes la escuela presentaba una grieta en el centro del patio, a la cual se le daba mantenimiento, pero tras el temblor del 19 de septiembre de hace dos años, los daños fueron más graves. Reconoció que si bien se hicieron varios estudios al plantel, se recomendó un diagnóstico específico para evaluar el daño.

Indicó que después de la movilización, fueron atendidos en mesas de trabajo integradas por autoridades educativas federales, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y de la alcaldía de Iztapalapa.

“Han sido dos años de mucha dificultad, no se trabaja en un ambiente óptimo para el desarrollo; si es difícil para los docentes, para las y los niños es peor. En las aulas prefabricadas cuando hace calor la temperatura aumenta demasiado y, por otra parte, se han inundado”.

Los dictámenes sólo generaron incertidumbre

La escuela primaria Paula Alegría Garza de la alcaldía Iztapalapa, en la Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla, no ha regresado a sus labores con normalidad desde el 2017, pues desde el sismo del 19 de septiembre de aquel año hasta la fecha, el plantel cuenta con al menos tres dictámenes que van desde un riesgo menor hasta la posibilidad de colapsar en cualquier momento.

Gloria Hernández, profesora de esta escuela, explicó a El Economista que tras el temblor, el director responsable de obras que estudió la situación del plantel realizó la revisión con una lámpara de celular y bajo la lluvia, y concluyó que el plantel no presentaba riesgo.

Ante esto, tanto padres de familia como académicos tuvieron dudas respecto del dictamen, por lo que solicitaron una segunda revisión en donde se determinó que en cualquier momento la institución corría el riesgo de colapsar. El plantel tuvo que ser desalojado.

“Sospechosamente las autoridades mandan una tercera revisión con otro director responsable de obras quien pone a la escuela en un riesgo medio con reparación. Todas estas irregularidades han generado mucha incertidumbre en la comunidad escolar”, aseguró.

Por el temblor de hace dos años, la escuela se hundió cerca de 50 centímetros y tiene grietas. Las reparaciones consistieron en la instalación de rampas y escalones, así como resanar grietas, además de pintar el plantel.

“Hemos tenido infinidad de reuniones con las autoridades educativas, de la Ciudad de México y federales de reconstrucción, pero la respuesta es que ellos van a tratar los últimos dictámenes, en donde se pone a la escuela en reparación, ¿cómo es posible que un director responsable de obra que tiene la capacidad de emitir un dictamen de ese nivel sea desestimado por otro DRO?”, cuestionó.

Unos 250 alumnos de educación primaria, así como 25 trabajadores acuden a clases en la primaria Paula Alegría Garza en 13 aulas prefabricadas dentro del plantel, porque hasta el momento los salones no pueden ser utilizados. (Con información de Marisol Velázquez)

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