Ley de fiscalía cumple un año como pendiente

Ha pasado casi un año de que el presidente Enrique Peña la propuso y aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión. Se trata de la iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, es decir, la legislación secundaria que busca la transformación de la actual PGR.

Fue el 23 de septiembre del 2014 cuando el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados ese proyecto legislativo que plantea regular la estructura y las atribuciones de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público de la Federación. Los diputados federales ya aprobaron una minuta, la cual se encuentra pendiente en el Senado de la República desde el 11 de diciembre del año pasado.

Entre las propuestas que hizo el primer mandatario se encuentra enlistar las facultades exclusivas que tendrá el Ministerio Público y la Fiscalía, así como las de su titular; e indicar que la fiscalía estará integrada, entre otros órganos, por las Fiscalías Especializadas en materia de Combate a la Corrupción y en materia de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general, con posibilidad a ser objetados por el Senado.

Asimismo, plantea especificar el procedimiento para que los agentes del Ministerio Público, los investigadores ministeriales y los peritos puedan formar parte del Servicio de Carrera; y detalla las responsabilidades y obligaciones, así como las sanciones y medidas disciplinarias, incluyendo la remoción y separación, a las que deberá sujetarse el personal perteneciente a dichas dependencias, refiere el Sistema de Información Legislativa.

Cabe recordar que en febrero del 2014 se publicó una reforma constitucional político-electoral que incluyó una transformación de la Procuraduría General de la República un órgano que tradicionalmente había estado adscrito a la esfera del Ejecutivo federal ahora como un órgano constitucional autónomo, denominado Fiscalía General de la República.

El gobierno de Peña Nieto argumentó en su proyecto de ley secundaria que esta modificación se plasmó en el Artículo 102 constitucional, apartado A, ya que causa desconfianza en la ciudadanía el hecho de que el Ministerio Público y su titular dependan orgánicamente del Presidente de la República , ya que además se tiene la percepción de que la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y a los disidentes.

La propuesta legislativa indica que la principal función del Ministerio Público federal será investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, lo cual se fortalece al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente, no debe estar subordinada a otro Poder u órgano .