“México no cumple mínimamente para erradicar la trata de personas”: Departamento de Estado

El Departamento de Estado de los Estados Unidos definió que el gobierno mexicano “no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”, aunque reconoció los esfuerzos que éste hizo en 2021 en materia de prevención de ese delito.

El próximo sábado 30 de julio se celebrará el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito considerado como el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas. Cada año genera ganancias que van de los 32,000 millones a los 36,000 millones de dólares, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas.

En México, la legislación contra la trata de personas prevé 11 modalidades: esclavitud; explotación sexual; explotación laboral; trabajo forzado; mendicidad forzosa; utilización de personas menores de edad en actividades delictivas; adoptación ilegal de personas menores de 18 años; matrimonio forzoso; tráfico de órganos y experimentación biomédica.

En su “Informe trata de personas julio 2022”, el Departamento de Estado aseveró que “el Gobierno de México no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para que así sea”.

Refirió que el gobierno demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el año anterior, cuando se vivió el impacto mayor por la pandemia de Covid-19.

Refirió que en 2021 no aumentó en México el enjuiciamiento y condena para los traficantes; no se identificaron más víctimas; sólo hubo el arresto de dos exfuncionarios públicos (en referencia al ex dirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y su extesorero, Roberto Zamora Pineda) por presuntamente dirigir una operación de tráfico sexual; los tribunales condenaron más traficantes de mano de obra, incluidos algunos que explotaban a niños obligándolos para transportar sustancias ilegales.

“Sin embargo, el gobierno no cumplió los estándares mínimos en varias áreas clave”, insistió.

Detalló que el gobierno “fracasó” en asignar recursos a un fondo de asistencia y reparación a las víctimas de trata, además de que los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados.

“El gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios (albergues). Las prácticas de reclutamiento forzado continuaron siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó pasos para responsabilizar a los reclutadores o agentes laborales”, dijo.

El documento celebró que el gobierno mexicano mantuvo los esfuerzos de prevención de la trata, aunque las campañas de prevención no alcanzaron lo suficiente a personas de alto riesgo como niños, comunidades rurales e indígenas y no hispanohablantes.

Así operan los tratantes en México

El Departamento de Estado de EU identificó cómo durante los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas extranjeras en México, y a las víctimas de México en el exterior.

“Grupos criminales organizados lucran con tráfico sexual y obligan a mexicanos, adultos y niños extranjeros, para participar en actividades ilícitas como asesinos, vigías (halcones) y en la producción, transporte y venta de drogas Los expertos expresaron especial preocupación por el reclutamiento forzado de niños indígenas por parte de grupos delictivos organizados, que recurren a la tortura y amenazas creíbles de asesinato para explotar a estos niños".

“Grupos criminales explotan a miles de niños en México para servir como vigías, realizar ataques a autoridades y grupos rivales, o trabajar en campos de amapolas. Los observadores también expresaron su preocupación por el reclutamiento, por parte de grupos delictivos, de ciudadanos mexicanos y migrantes extranjeros deportados, con fines de criminalidad forzada. Migrantes y solicitantes de asilo en México o en tránsito son vulnerables al tráfico sexual y trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados; este riesgo es particularmente alto para los migrantes que dependen de los contrabandistas”, describió.

Mencionó que los grupos con mayor riesgo de trata en México incluyen a niños no acompañados, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas de la comunidad LGBTQI+, trabajadores del sector informal y niños en territorios controlados por grupos criminales.

“Traficantes reclutan y explotan a mujeres mexicanas y niños, y en menor medida hombres, en el tráfico sexual en México y los Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, engañosas relaciones amorosas o extorsión. La mayoría de los casos de trata ocurren entre familiares, parejas, conocidos en las redes sociales o través de trampas relacionadas con el empleo. La explotación sexual en línea de los niños aumentó durante el año. Las personas transgénero son particularmente vulnerables al tráfico sexual".

“Los traficantes utilizan cada vez más Internet, particularmente las redes sociales, para apuntar y reclutar potenciales víctimas. Traficantes explotan a adultos y niños mexicanos en trabajos forzados en agricultura, servicio doméstico, puericultura, manufactura, minería, procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad y venta ambulante en México y los Estados Unidos. Los traficantes suelen explotar a los jornaleros y a niños en trabajo forzado en el sector agrícola de México, siendo la mayoría de las víctimas provenientes de poblaciones económicamente vulnerables e indígenas".

El informe del Departamento de Estado estadounidense alertó, con base en organizaciones sociales mexicanas, sobre un aumento en la explotación forzada de trabajo en México.

“Las personas migran de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar hortalizas, café, azúcar y tabaco; muchos reciben poco o nada de pago o tiempo libre; soportar condiciones de vivienda inhumanas sin acceso a alimentación adecuada, agua limpia o atención médica y se les niega la educación para niños. Algunos patrones retienen salarios semanales para obligar a trabajadores agrícolas a cumplir con ciertas cuotas de cosecha o continuar trabajando hasta el final de la cosecha. Los reclutadores frecuentemente emplean engaños y cobran tarifas ilegales para colocar trabajadores agrícolas en México y Estados Unidos; a muchos trabajadores se les prometen salarios decentes y un buen nivel de vida, y luego obligados a realizar trabajos forzados mediante servidumbre por deudas, amenazas de violencia y falta de pago de salarios”, describió el informe.

Alerta por explotación de médicos cubanos en México

“La gran mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y tráfico sexual en México son de América Central y del Sur, particularmente El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela—de venezolanos aumentó el número de víctimas en los últimos años; los traficantes explotaron a algunas de estas víctimas en la frontera sur de México. Las ONG y los medios informan víctimas del Caribe, Europa del Este, Asia y África también se han identificado en México, algunos en ruta a los Estados Unidos. Entre los profesionales médicos cubanos que el gobierno (mexicano) contrató para ayudar durante la pandemia, algunos pudieron haber sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Miles de refugiados ucranianos, en su mayoría mujeres y niños que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania, han llegado a ciudades fronterizas del norte de México buscando refugio en Estados Unidos y son vulnerables a la trata”, detalló.

El documento identificó como modalidad creciente de la trata en México el turismo sexual infantil, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte, así como los préstamos con altos intereses que se ofrecen a ciudadanos afectados por la pandemia de Covid-19.

“Padres a veces son cómplices de la explotación de sus hijos en el turismo sexual infantil, y se cree que los niños sin hogar se encuentran en un alto riesgo. Muchos turistas sexuales son de Estados Unidos, Canadá y Europa Oriental; Los hombres mexicanos también compran sexo del tráfico de niños. Las autoridades informaron que las redes de tráfico utilizan cada vez más criptomonedas para lavar el producto de sus delitos”, expuso.

Los números de la trata den México

Según el informe del Departamento de Estado de EU, las autoridades mexicanas iniciaron en 2021 al menos 35 investigaciones federales y 621 estatales investigaciones por trata de personas.

En 2020 fueron 55 investigaciones federales y 550 investigaciones estatales, mientras que en 2019 fueron 133 investigaciones federales y al menos 544 investigaciones estatales.

“Las investigaciones federales (2021) incluyeron 23 investigaciones sexuales casos de trata, cinco casos de trata laboral y siete casos que involucran explotación no especificada. Autoridades federales iniciaron proceso judicial de 31 presuntos traficantes y continuaron 45 juicios abiertos en años anteriores para un total de 76 procesamientos federales en 2021”, detalló el informe.

Apuntó que si bien las autoridades judiciales federales no emitieron condenas en 2021 por el delito de trata, autoridades judiciales estatales sí condenaron a 75 traficantes, incluidos 65 traficantes sexuales y 10 traficantes, dos de los cuales obligaron a niños a transportar sustancias ilícitas. Esto significó un aumento general respecto a los 49 traficantes condenados en 2020 y 29 traficantes condenados en 2019, refirió.

Expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda descubrió 201 posibles casos de trata en 2021, en comparación con los 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con tráfico en 2020.

Durante el trienio 2019-2021, la UIF congeló 1,617 cuentas bancarias y más de 52 millones de pesos en fondos conectados a delitos de trata de personas.

Casos Lydia Cacho, Mario Marín y Gutiérrez de la Torre

Indicó que en 2021 las autoridades investigaron y detuvieron a un servidor público por presunta participación en delitos de tráfico sexual infantil, pero no proporcionaron detalles sobre el estado de la investigación o si se presentaron cargos en su contra.

“Durante el período del informe, las autoridades arrestaron y acusaron a dos ex empleados de un partido político nacional, incluido su exlíder (Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre), por presuntamente dirigir una operación de tráfico sexual con recursos del partido; un sospechoso adicional aprehendido en el período del informe anterior permaneció en custodia y otros dos sospechosos no fueron detenidos. El Gobierno no brindó actualizaciones en el caso del exgobernador de Puebla (Mario Marín), arrestado en febrero de 2021 por ordenar la tortura y el arresto ilegal en 2005 de una periodista (Lydia Cacho) que expuso la supuesta participación del funcionario en una red de tráfico sexual de niños. El gobierno no condenó a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata”, precisó.

Víctimas sin protección adecuada ni acceso a la reparación del daño

El “Informe trata de personas julio 2022” expresó que el gobierno mexicano mantuvo los esfuerzos de brindar protección e identificar a más víctimas de trata de personas, pero “no brindó servicios adecuados”.

Precisó que según datos del propio gobierno federal, en 2021 identificó a 744 víctimas, en comparación con 673 del 2020 y las 658 víctimas del 2019.

Sin embargo, abundó que el gobierno mexicano no proporcionó datos completos de las víctimas que recibieron servicios.

Dijo que FEVIMTRA continuó operando un albergue de alta seguridad en Ciudad de México, que podría albergar a 50 mujeres víctimas y sus hijos hasta por tres meses mientras participaban en procesos legales; el refugio atendió a 79 víctimas de trata durante el 2021.

Sin embargo, alertó que las altas medidas de seguridad, incluida la imposibilidad de que las víctimas salgan del refugio sin acompañante, pueden haber vuelto a traumatizar a algunas de las víctimas.

“Los estados de México, Chiapas y la Ciudad de México continuaron operando seis refugios contra la trata financiados por el gobierno. En total, siete estados tenían refugios especializados o de ONG para víctimas de la trata, y cuatro los estados tenían acuerdos vigentes que les permitían remitir a las víctimas a refugios en otro estado. El gobierno y las ONG operan refugios adicionales que sirvieron a otras poblaciones vulnerables y podrían aceptar víctimas de trata, pero no brindan servicios especializados. No había albergues de trata del gobierno o de las ONG disponibles para los hombres. Víctimas mayores de 13 años, y 12 estados, carecían de albergues que aceptaran víctimas de la trata. Las ONG operaron la mayoría de los refugios que sirvieron a víctimas de la trata. La mayoría de los refugios ofrecían atención médica, psicológica y asistencia jurídica a las víctimas, pero el nivel de atención y la calidad de los servicios varió ampliamente”, mencionó.

El informe recabó testimonios de organizaciones sociales mexicanas de apoyo a víctimas de trata de personas, que expresaron haber limitado sus operaciones debido a la baja recaudación de fondos por la pandemia, o bien por la falta de apoyo del gobierno.

“Los refugios informaron que ayudaron a menos víctimas debido a la limitada dotación de personal y para limitar la propagación del virus Covid-19. El Instituto Nacional de Desarrollo Social financia albergues para mujeres, incluidos los albergues que aceptan a las víctimas de la trata; en 2021, tres refugios de ONG operativos para la trata presentaron solicitudes de financiamiento y recibieron aproximadamente 11 millones de pesos a través de este programa.

Abundó que la Secretaría de Gobernación (Segob) contaba con una unidad encargada de apoyar el acceso a la justicia y la compensación de las víctimas de crímenes, “pero el gobierno no le proporcionó los fondos suficientes y personal capacitado, lo que limita su capacidad para brindar este apoyo a víctimas de la trata”.

Aseveró que la ley nacional contra la trata exige a los jueces, en casos penales tanto a nivel estatal como federal, ordenar a los traficantes a pagar la reparación del daño a las víctimas, pero ejemplifica que en 2021 sólo una víctima recibió 57,500 pesos mexicanos en restitución, y la mayoría de las víctimas no recibió ninguna restitución, ya sea porque el gobierno no creó un fondo legalmente requerido para cubrir los pagos, o porque los perpetradores no podían pagar.

Fiscalías sin recursos y corrupción de funcionarios, factores de preocupación

El informe destacó que los fiscales mexicanos colaboraron el año pasado en 13 casos con autoridades de otros países, situación que exhibió algunas carencias de las Fiscalías estatales.

Mencionó que los niveles de capacidad fueron diferentes, porque la dotación de personal y su presupuesto variaron ampliamente.

“Las Fiscalías en las comunidades rurales e indígenas estaban particularmente faltos de personal y carecían de recursos suficientes para enjuiciar de manera eficaz los delitos de trata. La coordinación entre los niveles estatal y federal siguió siendo lenta. Autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Nuevo León realizaron más de la mitad de todas las investigaciones en 2020, mientras que las autoridades de Durango, Guanajuato y Colima no investigaron casos sospechosos.

“Los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero fueron de alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún traficante por segundo año consecutivo. Los expertos locales informaron que el presupuesto fue insuficiente para los fiscales en estos estados, lo que los llevó a acusar a los sospechosos de delitos que creían más fácil de probar”, indicó.

El informe mencionó que la Fiscal Especial de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (FEVIMTRA) capacitó a 820 funcionarios estatales y policías locales en diez estados sobre protocolos contra la trata.

“La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, inhibiendo la acción de aplicación de la ley durante el año. Algunos gobiernos y funcionarios facilitaron o participaron en delitos de trata”, dijo.

Aduciendo informantes, el informe dijo que algunos funcionarios del gobierno mexicano se confabulan con traficantes o incluso participan en delitos de trata. “Según informes, funcionarios corruptos participan en el tráfico sexual, incluida la ejecución de operaciones de tráfico sexual. Algunos funcionarios de inmigración supuestamente aceptan pagos de traficantes para facilitar el ingreso irregular de víctimas extranjeras de trata a México”.

Un delito difícil de enjuiciar y probar en México

El informe describió también la dificultad que muestran los ministerios públicos para probar, y los jueces para sentenciar, los casos de trata de personas.

Recordó que la ley nacional contra la trata de personas, que data del 2012, criminalizó el tráfico sexual y laboral, con penas de cinco a 30 años de prisión y multas.

“Treinta estados tenían leyes contra el tráfico de personas. La ley de 2012 obligó a los estados tener un fiscal dedicado a la trata de personas; 31 de 32 estados tenían Fiscalías o unidades especializadas contra la trata de personas. Los expertos informaron que los fiscales a veces acusaban a los sospechosos de delitos creían que eran más fáciles de probar, como homicidio o secuestro, particularmente en estados donde las oficinas de los fiscales no tenían fondos suficientes”, refirió.

Departamento de Estado emite 12 recomendaciones

1. El Departamento de Estado de EU emitió en su informe 10 recomendaciones para el gobierno mexicano para la prevención, combate y erradicación de la trata de personas:
2. Desarrollar, implementar y financiar un plan de acción estratégico nacional sobre servicios a víctimas, en consulta con organizaciones internacionales y ONG, que incluya albergues, servicios integrales y apoyo para la reintegración, incluidos hombres y niños, personas LGBTQI+ y personas indígenas.
3. Desarrollar e implementar procedimientos operativos estandarizados para que los funcionarios de primera línea identifiquen proactivamente a las víctimas entre grupos vulnerables en México y en el extranjero, incluidas personas a practicar sexo comercial; niños detenidos por actividades ilícitas o relacionados con pandillas y profesionales médicos cubanos y migrantes.
4. Aumentar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata, incluido el trabajo forzoso y aquellos que involucran a funcionarios cómplices, tanto a nivel federal como estatal.
5. Aumentar e institucionalizar la capacitación contra la trata de personas para la policía, fiscales, jueces, autoridades migratorias y proveedores de servicios, con un enfoque en la aplicación de procedimientos centrados en la víctima.
6. Brindar mayor seguridad a las víctimas y testigos que testifiquen contra los traficantes y asegurar que las víctimas no sean detenidas ilegalmente, coaccionadas a testificar o revictimizadas.
7. Asignar un fondo de asistencia a las víctimas para cubrir los pagos de reparación del daño cuando los traficantes no pueden pagar y desarrollar un mecanismo para garantizar que las víctimas reciban pagos.
8. Fortalecer la legislación laboral para penalizar adecuadamente y establecer penas estrictas para el reclutamiento forzado que facilitan la trata, y aumentar la aplicación para castigar empleadores y reclutadores de mano de obra por violaciones.
9. Establecer unidades judiciales especializadas contra la trata en todos los estados.
10. Promulgar, implementar y asignar suficientes recursos hacia un nuevo plan de acción nacional que se coordine a nivel federal, estatal, y autoridades locales.
11. Llevar a cabo campañas culturales de concientización en idiomas locales dirigido a comunidades rurales e indígenas.
12. Fortalecer los esfuerzos de recopilación de datos.

jorge.monroy@eleconomista.mx