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México no ha atendido las denuncias
El titular de la Redim expuso que el caso en Zamora es producto de los vacíos institucionales y las complicidades de las autoridades.
El caso de la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán, exhibe la carencia de un registro que dé cuenta del número de menores que habitan en albergues y las condiciones de seguridad en las que se encuentran, situación que persiste desde hace años.
Juan Martín Pérez, coordinador de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), destacó que el más reciente evento, donde autoridades federales liberaron a cerca de 500 menores, no es un acontecimiento aislado; la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) reporta que en México se identifican aproximadamente 412,456 pequeños privados de cuidados parentales, de los cuales cerca de 29,310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad.
De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, en el albergue se encontraron seis bebés, 278 niños, 174 niñas y 138 mayores de edad.
La denuncia de organizaciones civiles respecto de la falta de normatividad y procedimientos adecuados en los albergues mexicanos data de años. En mayo del 2010, luego que la procuraduría capitalina solicitara el arraigo de cinco personas que laboraban en Casa Adulam AC, por los delitos de trata de personas, corrupción, tráfico de menores, violación, aborto y delincuencia organizada; Redim exhibió la inexistencia de mecanismos de seguimiento para menores privados de su entorno parental.
En el 2008 fueron sustraídos de Casitas del Sur, Caifac y La Casita, 15 menores de edad; a seis años de su desaparición, 12 han sido recuperados.
En las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño brazo de la ONU realizadas a México en el 2006, se tomó nota del gran número de niños que viven en instituciones administradas por el sector privado, y lamentó la falta de información y de supervisión por parte del Estado.
En ese entonces, el Comité recomendó que México reforzara las medidas vigentes para impedir la separación de los niños de sus familias y que adoptara medidas eficaces para evaluar el número y la situación de los menores que viven en instituciones, incluso las administradas por el sector privado.
Este tipo de casos son un llamado de atención para Procuradurías de Justicia de los estados y el Poder Judicial de las entidades federativas, para que superen el abuso de la separación familiar dentro de sus resoluciones , expresó Juan Martín Pérez.
Advirtió que el operativo en Michoacán no debe desencadenar la revictimización de los menores al movilizarlos a otros lugares, toda vez que el país no cuenta con albergues propios para trasladar al número tan alto de niños rescatados.
A su vez, exhortó a las autoridades nacionales llevar a cabo las intervenciones a estos espacios con apego a los derechos humanos de la infancia, lo que implica no separar a hermanos ni llevar a los pequeños a otra ciudad.
El titular de la Redim refirió que el caso de Mamá Rosa es producto de vacíos institucionales, la fragmentación del Estado mexicano para proteger a su infancia y las complicidades de las autoridades.
Manifestó que la responsabilidad no sólo debe recaer en las personas que dirigían el albergue, sino ver quiénes canalizaban a los menores a ese lugar y quiénes determinaban que los niños no podían estar con sus familiares. Asimismo, el estado y su área de asistencia también es responsable, debido a que por décadas fueron cerrandos los albergues y ahora no cuentan con los suficientes centros para atender a estos menores.
Proponen sistema de información
VAN POR LEY PARA NIÑOS EN ALBERGUES
El PRD pugnará en la ALDF y el Congreso de la Unión por que se eleve a rango constitucional la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, aprobada en ese órgano legislativo el pasado 9 de junio, para que con ello se ofrezca certeza jurídica a más de 28,000 niños que viven en casas hogar en todo el país y no se repitan casos como Casitas del Sur, en la capital, o La Gran Familia, en Michoacán.
Los diputados Carlos Augusto Morales, Efraín López Morales y Daniel Ordóñez Hernández manifestaron que ese número de infantes sin hogar enfrentan un futuro incierto y se requiere dar certeza de que serán bien atendidos, porque si esto ocurre en una casa hogar que era apoyada con recursos gubernamentales e internacionales, cómo estarán los demás, cuestionaron.
La ley mencionada, agregaron, garantiza el derecho a vivir en familia de los menores que habitan o transitan en la capital del país, a través de la creación de un sistema de información que permitirá tener datos certeros, confiables y actualizados sobre cuántos son, dónde están, qué tipo de cuidados y atención reciben.(R. Torres)
