Necesaria una transición racional y conjunta entre los poderes de la Unión: Magistrado Sergio Javier Molina

• Sesión inaugural de Diálogos Nacionales “¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿Qué Poder Judicial queremos?”

Hace justamente seis años, algunas y algunos de los que ahora estamos aquí dialogando y platicando construíamos acuerdos en torno a la gran reforma laboral en México; un tema específico y particular, que con sus dimensiones y asimetrías mantiene rasgos similares con lo que ahora nos convoca.

Hace seis años se fraguó una alianza institucional entre los poderes de la Unión en torno a un mismo objetivo: acercar la justicia a las trabajadoras y trabajadores de este país.

Esa alianza entre poderes de la Unión para cumplir un mismo objetivo, comparte además una misma visión con los estados del país. Hoy día se mantiene y da resultados positivos para la sociedad mexicana, su industria y sus principales socios comerciales.

Como dijimos, ahora nos convoca un objetivo mayor; mayúsculo en dimensiones y trascendencia para la República; la reforma al sistema judicial mexicano en su conjunto, incluyendo a todas las instituciones que lo representan y comprendiendo a todos los Estados de la Unión.

Esa refundación se da, por cierto, a título personal, en el contexto de una historia de votación de las mexicanas y los mexicanos de casi 36 millones de votos que han llevado a la presidencia de la república a la primer mujer presidenta y jefa del Estado mexicano. Toda una realidad que nos convierte en una sólida y profunda democracia que nos coloca como un país aspirante a la novena economía mundial.

No enumeraré todos los profundos cambios que se proponen en esta reforma al Poder Judicial. Son numerosos y sin temor a equivocarme son los más importantes desde la consolidación de nuestro país desde hace 200 años. Quisiera solamente referirme a una parte de esos cambios propuestos: la determinación de las personas juzgadoras federales.

Al respecto, asumo con respeto la decisión que los representantes populares y depositarios del federalismo determinen en los próximos días, las fuerzas vivas de este Congreso de la Unión, finalmente mantienen la profunda voluntad democrática para consolidar lo que les ha sido mandatado en las urnas.

En esa futura decisión los invito a reflexionar en un aspecto bien definido: antes de 1994 la designación de jueces y magistrados se realizaba por el Pleno de la SCJN, lo que ocasionó críticas por la falta, entre otros, de mecanismos de transparencia. Ese mecanismo dio paso al sistema de méritos y concursos de oposición que ahora conocemos. En donde con exámenes de oposición, segmentados por etapas y con trasparencia permiten encontrar a los perfiles de excelencia para desempeñar la función de decir el derecho.

Si es que se decidieran por preservar y, sobre todo, mejorar este sistema, los ajustes podrían consistir en los siguientes:

1. Mayor autonomía para la entidad encargada de los procesos de selección.

2. Controles más estrictos que aseguren la visión y supervisión de los poderes de la Unión en esos procesos.

3. Asegurar de mayor medida convocatorias con acciones afirmativas para asegurar el ascenso de más mujeres a los cargos de dirección.

4. Convocatorias abiertas y universales que permitieran a todas las personas en general aspirar al cargo de juzgadora o juzgador federal.

Si es que ustedes señoras y señores legisladores opten por otro sistema diferente al indicado, se debería tener en cuenta lo siguiente:

1. En los procesos de elección asegurar eficaces mecanismos de idoneidad, expertise y conciencia social. Para ello, podríamos reflexionar en encontrar una entidad colegiada de instituciones, provenientes de los propios poderes, entidades académicas, o combinación de ambas, que hicieran las veces de revisor de los perfiles de las personas aspirantes a la elección. Existen modelos en el derecho comparado que dan muestra del trabajo exhaustivo para alcanzar y lograr los mejores perfiles preliminarmente.

2. Establecer una entrada en vigor que nos permita evaluar los avances. Me refiero a varios procesos de elección, diferidos por etapas, por materias y por grados. Esto permitirá ordenar la transición y evaluar paulatinamente los aciertos y áreas de oportunidad.

3. La creación de una entidad que agrupe los esfuerzos en la transición. Me refiero a la creación de una comisión o consejo para la transición. Su actividad sería honorifica, integrada por miembros permanentes e invitados especiales.

4. Clausulas transitorias. Expresas y claras, ante los eventuales cambios que aseguren todos y cada uno de los derechos laborales del personal de apoyo y administrativos de los juzgados y tribunales federales. Si bien se indica en la propuesta que se respetarán los derechos de las condiciones generales de trabajo, debe asegurarse que en la eventual desaparición de las entidades, aquellas no se extinguirán, de lo contrario se corre el riesgo de hacer nugatorio esa preservación de derechos laborales.

Señoras y señores legisladores, estamos en el preámbulo de la transformación más importante al Poder Judicial en los últimos 200 años en nuestro país. Lo mejor para la república, la economía y, sobre todo, para la sociedad, es una transición racional y conjunta entre los poderes de la Unión y en las entidades federativas.

Reconozco que en su legitimidad democrática encontraremos el diálogo y entendimiento mutuo para hacer realidad un anhelo de los mexicanos: una justicia más democrática, ágil y con sentido social.

Muchas gracias.

Magistrado Sergio Javier Molina Martínez.