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No hay adecuaciones jurídicas para militares
De acuerdo con especialistas, no se debe aplicar en tiempos de guerra una justicia militar confeccionada para tiempos de paz, o viceversa, ya que se vive una etapa de conflicto.
El gobierno federal tiene la obligación de ubicar en qué tiempo se encuentra el país, es decir, si las Fuerzas Armadas están en tiempo de paz o de guerra, de lo contrario quedará confusa la conducción de los elementos militares y Armada de México en las calles, advirtió Guillermo Garduño Valero, especialista en temas militares.
Hay que primero definir el estatus en que el país se encuentra actualmente: paz o guerra. De lo que se tiene miedo es a la palabra guerra. Los elementos de la guerra son: núcleos organizados, existe capacidad de fuego de sus participantes, poseen recursos y para el caso del narcotráfico tienen un componente global. Hay que ver qué elementos existen en México , sugirió al especialista.
El investigador menciona que no se debe aplicar en tiempos de guerra una justicia militar confeccionada para tiempos de paz, o viceversa, pues deben tomarse en cuenta otros matices. Lo que estamos viviendo es una etapa de guerra, pero con una lógica de paz y esto es absolutamente incompatible .
En caso de un enfrentamiento entre elementos que tienen capacidad de fuego, pero que están desautorizados, ¿qué procede? ¿Remitirlos a juicio civil o aplicar el régimen militar? Ésa es la interrogante, la cual quiere resolverse como si estuviéramos en tiempos de paz .
Con él coincide Javier Oliva, también experto en temas de seguridad, quien expone que se deben limpiar y fortalecer las instituciones de seguridad pública y todos los niveles de gobierno, con el fin de que los militares dejen de realizar labores de seguridad.
Refirió que la política de Vicente Fox (con el operativo México Seguro en el 2005), la de Felipe Calderón (en el 2006) y con Enrique Peña Nieto continúa siendo la misma en materia de seguridad, recurrir a las Fuerzas Armadas como primera línea de contención y sometimiento de la criminalidad .
Ambos expertos manifiestan que siguen faltando adecuaciones jurídicas necesarias. Además, afirma Oliva, la modificación al Código de Justicia Militar se dio en forma negativa, ya que genera mayor incertidumbre para las acciones militares en tareas de seguridad pública.
Se requiere una reconstrucción de las autoridades policiacas locales. Faltan menos de 40 días para cumplirse el plazo para que los gobiernos estatales certifiquen a sus policías municipales y estatales y gran porcentaje no está acreditado. Mientras no haya corporaciones policiacas locales confiables ninguna autoridad federal va a poder suplir ese trabajo .
Javier Oliva finalmente recuerda que han existido diversos testigos protegidos que han señalado sin fundamento a mandos castrenses, por lo que la autoridad tiene la obligación de investigar realmente qué fue lo que ocurrió en Tlatlaya, en el Estado de México, el pasado 30 de junio, donde 22 personas murieron en un presunto enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano.