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Nueve de cada 10 contratos por la pandemia, a través de adjudicación directa
Las instituciones del gobierno federal han asignado de manera directa casi la totalidad de los contratos generados para la adquisición de insumos y servicios para atender la emergencia por el Covid-19, reveló el el INAI.
Las instituciones del gobierno federal han asignado de manera directa casi la totalidad de los contratos generados para la adquisición de insumos y servicios para atender la emergencia por el Covid-19, reveló el el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (INAI).
Al lanzar el micrositio Contrataciones Públicas ante la Emergencia, el órgano autónomo detalló que se analizaron 2,182 contratos celebrados por 42 entidades y dependencias del gobierno federal por un monto superior a los 14,000 millones de pesos, de los cuales más de 90% han sido vía adjudicación directa.
Durante la presentación de la plataforma, el comisionado Adrián Alcalá Méndez refirió que el gobierno federal dotó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (SSA), con la facultad de realizar compras mediante adjudicación directa.
En ese contexto detalló que las contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa, entre enero del 2020 y marzo del 2021 representan 95.6% de todos los contratos celebrados por el sector salud durante la contingencia y 94.7% del sector no salud.
“Tenemos una herramienta muy poderosa, con muchísima información. Tan solo de un año tenemos 8 millones de contratos (…) hay que seguir mejorando la publicación de información que permita seguir haciendo vigente el principio de máxima publicidad y que la gente vea que lo que se publica y toda esa información que está en la PNT tiene un valor agregado. Podemos discutir lo que le falta de información, pero por qué no también discutimos que lo que ya está lo podríamos utilizar de forma importante para hacer estudios, análisis, etcétera”, aseveró.
Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, alertó sobre los riesgos de corrupción que hay al asignar una cantidad tan grande de recursos públicos.
“Esto no solamente socava las finanzas públicas, sino que también la calidad de los productos se ve mermada y la competencia en los mercados; también vulnera los derechos humanos, debilita la reputación de las instituciones y, por tanto, mina la confianza que la ciudadanía deposita en las autoridades”, subrayó.
La comisionada añadió que “la gestión transparente, íntegra y eficaz de los recursos utilizados en las distintas etapas de la contratación pública constituye una condición necesaria para aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen estos procesos para impulsar un desarrollo sostenible, crecimiento y competitividad en nuestro país”.
