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Partidos políticos excluyen a discapacitados: Conapred
De acuerdo con el organismo, los institutos políticos no han reformado sus estatutos para propiciar una mayor inclusión de personas con discapacidad en campañas a cargos de elección popular.
Pese a la postulación del fallecido Gilberto Rincón Gallardo como candidato a la Presidencia en las elecciones del 2000, aún son insuficientes los esfuerzos de los partidos políticos para reformar sus estatutos, con el objetivo de propiciar una mayor participación de personas con discapacidad en campañas políticas a cargos de elección popular, apuntó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
En el marco del aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, celebrado el 3 de mayo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mencionó la importancia de realizar las acciones necesarias para lograr que este sector de la población haga pleno ejercicio de su derecho a la no discriminación y de sus derechos político-electorales, con miras a la próxima jornada electoral.
Datos del Censo General de Población del Inegi (2010) revelan que en México viven 5 millones 739, 270 personas con discapacidad, lo que equivale a 5.1% de la población. De ellos, 81 de cada 100 personas con algún tipo de discapacidad se encuentran en el rango que constitucionalmente se exige para ejercer sus derechos político-electorales; es decir, no cuentan con algún tipo de padecimiento incapacitante.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, seis de cada 10 personas con discapacidad considera que en México no se respetan sus derechos y piensa que la sociedad no ayuda a la gente con alguna discapacidad porque no conoce sus problemas.
El Conapred declaró que las acciones afirmativas a favor de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad deben tener como objetivo prioritario la incorporación de este grupo en la toma de decisiones.
El Conapred, presidido por Ricardo Bucio Mújica, expuso a su vez, la necesidad de que el marco jurídico nacional y los tratados internacionales ratificados por México jueguen un papel fundamental en la tarea de proteger el precepto de igualdad y abatir la exclusión en la participación pública y en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, ya sea como votantes o como candidatas y candidatos a cargos de elección popular.
