Peña Nieto veta artículo 32 de ley anticorrupción

El gobierno de Enrique Peña coincidió con las voces de que la obligación de presentar declaraciones para cualquiera que reciba recursos federales por ejemplo, la Iniciativa Privada a través de contratos afectaría el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, inhibiría la celebración de contratos y afectaría a becarios y beneficiarios de programas sociales, por lo que aplicará el veto presidencial.

Aunado a ello, el presidente de la República solicitó al Congreso de la Unión que lleve a cabo un nuevo periodo extraordinario de sesiones para dar trámite a las observaciones que, según se anunció, serían enviadas al Senado de la República como Cámara de origen.

A través de un mensaje llevado a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, explicó que será devuelto para su análisis el artículo 32, incisos B y C de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos más relacionados con el 32.

Acompañado del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, el consejero jurídico aseguró que el gobierno ha escuchado con atención a quienes argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, porque sería imposible procesar millones de declaraciones.

También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante: afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros , añadió.

En este tenor, el representante legal de la Presidencia destacó que con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país pero que trabajan en una trasnacional, es que se propondrán modificaciones.

Cabe recordar que otro artículo controvertido es el 29, que indica que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Así, el funcionario recordó que dichos artículos que fueron vetados estipulan que todo particular, sea persona física o moral, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Castillejos dijo que adicionalmente se indica que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar ambas declaraciones.

Manifestó que ante la convicción de que por ningún motivo se debe retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente solicitaría al Congreso, a través de la Comisión Permanente, que realice otro periodo extraordinario.

Argumentó que proponer cambios a la ley no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado mexicano. Y es que aseguró que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles para ese propósito

Por ejemplo, la manifestación, caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el servidor público que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas y, en su caso, penas de prisión , expuso.

Castillejos también refirió que la presentación de las declaraciones de millones de mexicanos que salen a ganarse la vida en nada ayudaría a combatir la corrupción.

Proceso legislativo

De acuerdo con las leyes y reglamentos del Congreso, las observaciones que envíe el Ejecutivo federal deberán ser enviadas a comisiones del Senado de la República para su nuevo análisis.

El veto deberá ser discutido de nuevo por la Cámara alta y, si es aceptado por mayoría de votos, pasará a la Cámara de Diputados. Si ésta también lo acepta, la ley se devuelve al Presidente para su promulgación.

Como parte de este proceso solamente se discutirán y votarán en lo particular los artículos modificados o adicionados. Es decir, no se puede hacer modificaciones al demás contenido de la ley.

Si el Congreso de la Unión rechaza las observaciones del Ejecutivo, tendría que publicarse en los términos iniciales.

Para analizar cambios

Pide la IP acelerar un periodo extra

El sector patronal del país aplaudió la decisión del jefe del Ejecutivo de vetar el artículo 32 y otros 15 artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que pidió al Legislativo convocar a la brevedad a un periodo extraordinario de sesiones para votarlo.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció la sensibilidad del Ejecutivo al analizar las demandas y solicitar al Poder Legislativo que revise y corrija lo aprobado con el objetivo de mantener el espíritu original del Sistema Nacional Anticorrupción.

No debe retrasarse más el análisis, corrección y dictaminación de las observaciones propuestas por el presidente , conminó.

Por su lado, Manuel Herrera, presidente de la Concamin, indicó que el uso del veto del presidente de la República sienta un precedente de visión y estadismo, y estamos seguros que estos cambios son para construir un sistema fuerte y viable . (Lilia González)