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Peña reconoce iniquidad en justicia cotidiana
Plantea que surge de la confusión de la aplicación de normas con la impartición de justicia.
En México, predomina la percepción de que la justicia funciona mal y dos de los mayores problemas que se observan son la injusticia y la desigualdad, reconoce la administración de Enrique Peña Nieto.
Como parte de las iniciativas que planteó al Congreso sobre justicia cotidiana, el gobierno refiere que, actualmente, se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia.
Esto causa insatisfacción y frustración en las personas, y convierte al sistema de impartición de justicia en un sistema que genera injusticias .
A través de reformas a la Constitución, Peña Nieto plantea que las autoridades privilegien la solución del conflicto por encima de formalismos procedimentales.
El gobierno asegura que ello debe exigir también un cambio de mentalidad de las autoridades, para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida , sino por el estudio que concluya efectivamente la controversia y se aplique el derecho.
Con esta reforma, de ninguna manera se busca obviar el cumplimiento de la ley , se argumenta.
En la iniciativa se detalla que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte, reconoce el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.
Para hacer efectivo este derecho, no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera efectivo si es idóneo para proteger una situación jurídica infringida y da resultados o respuestas .
Se recuerda que como parte de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, encabezados por el CIDE, se detectó que en la impartición de justicia en todas las materias y en el ejercicio de la abogacía y defensa legal, en México existe una cultura procesal, lo cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado, y por tanto sin resolver, la controversia planteada.
El análisis de los diálogos arrojó dos categorías de obstáculos de acceso a la justicia: excesivas formalidades previstas en la legislación; así como la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia.
Así, en la iniciativa presidencial se advierte que las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisitos que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia y cuando éstos resultan innecesarios, excesivos o carecen de razonabilidad o proporcionalidad.
En cuanto al aspecto interpretativo y de aplicación de la norma, se encontró que en la impartición de justicia, en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular cabe una ponderación que permita favorecer la aplicación del derecho sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver la controversia , se lee en la iniciativa.
