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Pide FGR 39 años de cárcel en contra de Emilio Lozoya
El exdirectivo de Pemex es acusado de cometer los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El juez federal tiene tres días para notificar de la acusación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Pemex
Emilio Lozoya Austin sería condenado a 39 años de prisión por el caso Odebrecht, acusado de cometer los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
En su primera acusación por escrito contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, imponer al exdirectivo de la empresa estatal 15 años de prisión por la comisión del delito de lavado de dinero, 14 años por el de cohecho, y por asociación delictuosa, 10 más.
El juez federal tiene tres días para notificar de la acusación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Pemex; cumplido dicho plazo tendrá hasta 10 días para notificar a la defensa del inculpado.
De acuerdo con la fiscalía, Luis Alberto de Meneses Weyll, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, exdirector de Odebrecht México y exaltos mandos de la compañía, respectivamente, declararon que Lozoya Austin recibió sobornos por 6 millones de dólares a cambio de que la empresa brasileña recibiera de Pemex contratos en la refinería de Tula, Hidalgo.
La demanda incluye también sancionar al exfuncionario con el pago de una multa por el equivalente a 5,450 días.
Complicaciones en el caso
Ramón Celaya, abogado penalista y académico de la UNAM consideró que con lo anterior se encuentra en riesgo que el exdirectivo de Pemex acceda a un criterio de oportunidad. De tal modo que se acabaría con cualquier tipo de privilegio que tenía como beneficios procesales que se le otorgaron.
“Lo segundo y no menos importante es que todas las imputaciones penales que realizó en contra de políticos relevantes podrían caer. Específicamente todo lo que se habló de Luis Videgaray, lo que imputó a Ricardo Anaya y a otros personajes como Lavalle, quien trabajaba en el senado de la república acusado de recibir los sobornos para los senadores en la Reforma Energética, entonces todas esas imputaciones penales se vienen abajo”, reconoció
El especialista en ciencias penales detalló que los jueces o fiscales que tienen conocimiento de estas acusaciones ya no tendrán ningún material aprobatorio para continuar con los procesos de los imputados.
“Lo que seguiría en todo este entramado jurídico, si hablamos de específicamente de las personas a las que Lozoya estaba imputando, pues ya no van a poder continuar. Si el material que contaba la FGR se basa con los testimonios de Lozoya exclusivamente, prácticamente estos juicios tendrán que terminar de manera anticipada porque ya no tienen cómo sustentar estas acusaciones”, manifestó.
Sin embargo no descartó la posibilidad de que la FGR cuente con un acervo aprobatorio basado en distintos testigos o pruebas documentales con lo que pudiera decidir seguir con la acusación penal en contra de estos personajes.
Por otro lado, Alberto Nava, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM indicó que si la FGR tuviera la intención de no continuar con el criterio de oportunidad, Emilio Lozoya enfrentará una situación complicada.
“Porque hay una denuncia promovida por él presentada a la FGR en donde él hace la relatoría de los hechos en donde participa, digamos que es un elemento contundente, obviamente sujeto a verificación, pero estamos hablando que el propio imputado que ha hecho esta denuncia está manifestando hechos en los que participó, la primera complicación es para él mismo.
De señalar que no era cierto, que es mentira lo que dijo en la denuncia, no lo ratifica o no es cierto, finalmente se complicó la existencia y la defensa con ese tipo de manifestaciones antes de haber concretado el criterio de oportunidad”, abundó.
Por último, indicó que con los datos que se tienen hasta el momento, consideró que la fiscalía “tiene un mucho mejor escenario que la propia defensa”.
El ente autónomo presentará próximamente su segunda acusación contra el acusado por el caso Agro Nitrogenados, en cuya causa penal se le señala de haber cobrado un soborno de 3.4 millones de dólares para que Pemex comprara a sobreprecio a Altos Hornos de México (AHMSA) una planta de fertilizantes catalogada por las autoridades federales como “chatarra’’, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.
