Piden auditorías para dependencias

La Cámara de Diputados propuso a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicar una auditoría horizontal a la Procuraduría General de la República (PGR), a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Seguridad Pública (SSP) y a la Policía Federal (PF) para determinar y evaluar sus actividades en contra del lavado de dinero.

Los diputados consideran que el combate al lavado de dinero es una de las actividades por las que se obtienen mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 , realizado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara Baja a través de su Unidad de Evaluación y Control, la delincuencia organizada debe ser combatida no sólo reduciendo su poder de fuego y presencia en el territorio nacional, sino minando su poder económico.

El gobierno federal reconoce que no es posible desarrollar una metodología confiable para estimar el monto de dinero que se lava en México, pero añade que sí es factible suponer niveles que ameritan acciones inmediatas por parte del Estado , refiere el informe.

Respecto del sector Seguridad Pública, se detalla que las principales actividades de la delincuencia organizada (tráfico de drogas, de armas y de personas) reportan ganancias por millones de dólares al año, que, necesariamente, requieren ser lavados para circular libremente por el sistema financiero.

Como parte de las áreas de oportunidad legislativa, se plantea la necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe la nueva Ley Federal para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a fin de combatir de raíz las actividades que pretenden insertar en el sistema financiero las ganancias obtenidas por el crimen organizado.

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal en la materia se encuentra en estudio en el Senado de la República.

El reporte consigna que, si bien en el 2009 se emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para coordinar las acciones que realizan la Secretaría de Hacienda, la PF, la PGR así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las medidas adoptadas no son suficientes porque sólo obligan a los integrantes del sistema financiero a reportar acciones inusuales, relevantes y preocupantes.

De ahí que se considere necesaria la expedición de la nueva ley que propuso el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El lavado de dinero es el proceso por el que los actores buscan ocultar, encubrir o auxiliar a desvirtuar el origen de los recursos provenientes de alguna actividad ilícita y aparentar que son producto de una fuente legítima, actividad que se considera como delincuencia organizada y que, para su investigación y persecución, se requiere necesariamente que sea por montos importantes de dinero.

rramos@eleconomista.com.mx