Piden incluir en ley a víctimas de corrupción

La corrupción de servidores públicos no sólo produce daños o perjuicios al Estado, sino a personas físicas o morales que denuncian las irregularidades pero no son apoyadas por las autoridades dedicadas a reprimir esas nefastas conductas , destacó la Defensoría del Servidor Público A.C.

Mediante una misiva, Marco Romero Silva, especialista en Derecho del Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, le escribió al senador Pablo Escudero para sugerir que la reforma anticorrupción que se analiza en el Senado tome en cuenta a las víctimas.

Es decir, que las víctimas de la corrupción , como personas físicas o morales, puedan coadyuvar con las autoridades en las investigaciones.

Incluso, añadió que los afectados tengan derecho a impugnar las resoluciones de los actos de corrupción de servidores públicos, por lo que se debe reconocer su interés jurídico para ello.

En la carta que fue difundida en la página web de las comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, el especialista también defendió la labor del servidor público.

Propuso que por la acusación y persecución indebida de servidores públicos o particulares haya un resarcimiento de daños y perjuicios directamente a cargo del Estado y tengan responsabilidad los funcionarios públicos que instrumentaron la acusación.

(Y que se garantice) la salvaguarda de la integridad de la honra y la fama pública del sujeto llamado a procedimiento , detalló.

Planteó la obligatoria discrecionalidad de los procedimientos contra funcionarios o, en su caso, particulares y precisar los medios de defensa de las personas investigadas.

Recurrentemente (en las iniciativas), se olvida un aspecto que resulta de primer orden: el establecimiento claro y puntual de los derechos de quienes sean sujetos de los procedimientos de control, fiscalización, investigación y sanción , argumentó.

Las iniciativas en materia de combate a la corrupción son analizadas en el Senado, pero las facultades que debe tener la nueva institución anticorrupción han aletargado el dictamen.

El PRD y el PAN están de acuerdo en que la institución que suplantará a la Secretaría de la Función Pública tenga la facultad de perseguir delitos de corrupción en lugar del Ministerio Público.

Esta facultad incluye cateos, arraigo, uso de la fuerza pública, integración de averiguaciones previas, determinación del ejercicio de la acción penal, aseguramiento de bienes y solicitudes al juez para aprehensiones , detalla un cuadro comparativo.

El PRI-PVEM explica en su propuesta que la acción penal la tiene el Ministerio Público (MP), pero contempla que la Comisión Nacional Anticorrupción (nombre que prevén estos partidos para la nueva institución) arme los expedientes y coadyuve con el MP.

No obstante, piden que la comisión tenga atribuciones para sancionar al Ministerio Público si éste no cumple con su labor.

La Procuraduría General de la República ha recomendado al Senado no darle el tiro de gracia al Ministerio Público y, por ende, no atribuirle esta facultad penal al nuevo órgano anticorrupción.

El Senado ha concluido con los foros en la materia y los legisladores analizan las características del nuevo órgano.

EL DATO

El senador Miguel Barbosa pidió a los demás grupos parlamentarios que no eternicen los temas de la agenda legislativa y destraben las reformas que la sociedad demanda. En el Senado aún están pendientes dictámenes de las leyes secundarias en materia educativa, deuda pública subnacional, el dictamen en el rubro de anticorrupción, la reforma antibullying y el análisis de la reforma en telecomunicaciones, entre otros.

tania.rosas@eleconomista.mx