Piratas, 80% de las compañías de seguridad

De 10,000 empresas de seguridad privada que operan en México 80% lo hace al margen de la ley, sin personal capacitado, con elementos que en ocasiones tienen nexos con el crimen organizado y sin ningún control de autoridades.

La diputada federal Silvia Oliva Fragoso expuso que el miedo, la inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de dar seguridad es aprovechado por las empresas privadas de seguridad.

En entrevista, propuso reformas y adiciones a la Ley Federal de Seguridad Pública con la intención de regular la actividad de las empresas de seguridad, las cuales según el último registro sólo 358 contaban con autorización federal, que agrupaban 78,927 elementos operativos, nueve mil 228 vehículos y 23,721 armas.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que según los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad la tasa nacional es de 10,480 delitos por cada 100,000 habitantes.

Lo anterior ha llevado a las personas a que cambien sus hábitos de vida en cuanto a salir de la casa, abordar transporte público o dejar jugar a los niños fuera de casa, llevándolos a contratar a empresas de seguridad privada.

Sin embargo, se ha encontrado que algunos robos y secuestros han sido efectuados por los elementos de seguridad de "estas empresas piratas", ya que ellos son los que proporcionan datos importantes de los bienes que poseen o informan de las actividades cotidianas que hacen los usuarios para ser utilizados por sus cómplices.

Entre las reformas y adiciones propuestas por la diputada federal Silvia Oliva se encuentra que las empresas deberán capacitar previamente a todo elemento que pretenda ingresar a sus filas.

En la medida en que se profesionalice la protección privada, el servicio que presten será con racionalidad, eficiencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, además de apoyar a la seguridad pública, expuso.

Además se requiere control, inspección y vigilancia de quienes fabriquen, importen, comercialicen, instalen o arrenden equipos de seguridad para que se tenga la base de datos de estas empresas y se puedan investigar en caso de que los clientes sean objeto de delitos relacionados con la actividad mencionada.

Se prevé en la iniciativa el control, la inspección y la vigilancia de quienes instalan y operan centrales de alarma y monitoreo, para evitar que sean utilizadas para cometer delitos en lugar de dar seguridad, subrayó la diputada.

Las empresas deberán presentar cada seis meses un registro de todos los equipos o sistemas que adquieran o comercialicen, con la finalidad de tener control de todos los equipos que se usan para la seguridad en edificios e instalaciones.

Además de los equipos de detección, de visión y de seguridad bancaria, y así evitar que los usuarios pudieran ser objeto de delitos o que causen daños físicos o molestar en su honor y en la privacidad.

Para obtener la autorización de operación, el prestador de servicios de seguridad privada deberá presentar una póliza de fianza expedida por la institución legalmente autorizada para garantizar el pago de daños a terceros durante la prestación de los servicios que les sean contratados.

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