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Política

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Por agredir a personal médico, hasta 6 años de prisión

Además de cárcel, se planteó que se aplique una multa de hasta 500 veces la UMA, equivalente a más de 43,000 pesos.

Quien agreda a personal médico y trabajadores de salud, como ha sucedido en el país en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, será encarcelado hasta seis años y obligado a pagar una multa máxima de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA): 43,440 pesos, según su valor para este 2020.

En el Senado, las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda analizan reformar la Ley General de Salud para agregar un nuevo artículo, cuya iniciativa es promovida por el senador perredista Miguel Ángel Mancera.

“Al que ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Nacional de Salud, en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, se le aplicará de tres a seis años de prisión y multa de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión del delito.

“Se entenderá como violencia el uso deliberado del poder o de la fuerza física o psicológica o de la amenaza contra otra persona o un grupo de personas, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo. Además, se podrán aplicar las sanciones que correspondan por los demás delitos que pueden (registrarse)”, cita la propuesta de redacción del artículo 468 Bis que se adicionaría a la referida ley.

De aprobarse el cambio legal en comisiones y el pleno, y luego por la Cámara de Diputados, las legislaturas de las entidades federativas tendrían un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir del día siguiente de su promulgación, para armonizar sus leyes respectivas.

Por complicado que resulte aceptarlo, detalla la iniciativa, México vive, a la par de los embates propiciados por el Covid-19, un problema de violencia contra el personal de salud, en el ámbito local y federal, de hospitales públicos y privados.

politica@eleconomista.mx

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