Por no cumplir sentencia, la Corte quita a delegado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes destituir al delegado de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera, por incumplir una sentencia de amparo a favor de cuatro empleados que se desempeñaban como verificadores en la demarcación y, los cuales interpusieron el recurso para que se les otorgaran prerrogativas laborales que no se les entregaron en tiempo y forma.

Derivado de la exposición del caso por el ministro Fernando Franco, los demás ministros decidieron por unanimidad remitir ante un juez de distrito en materia penal al ahora exdelegado, así como a su antecesor —ahora asambleísta— José Manuel Ballesteros López, ambos pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que decidieron no acatar las disposiciones dictaminas por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, el pasado 29 de septiembre del 2014.

Los quejosos obtuvieron una resolución a su favor el 23 de enero del 2013.

En ese entonces, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decidió otorgarle la razón a los trabajadores y ordenó a la delegación expedirles el nombramiento de verificadores además de reponer diferencias de salarios y aguinaldos, así como el otorgamiento de los materiales necesarios para cumplir con su labor.

Al resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, los ministros de la Corte, comunicó la misma instancia, se basaron en lo expuesto en el Artículo 107, fracción XVI de la Constitución.

Dicho apartado indica que “si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito, por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo”.

En tanto, el consejero jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados, expresó que esperarán a que se notifique a la delegación para saber en qué términos vienen los considerandos y resolutivos, ya que sólo se conoce la síntesis de la resolución y no los alcances del propio engrose.

Expuso que la notificación podría tardar un día, una semana y hasta tres meses, pero una vez que se haga llegar, habrá que determinar el esquema que se tomará ante el juez correspondiente, ya que no es un delito grave y usarán todos los recursos legales para generar las condiciones de cumplimiento.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, expuso que están en conversaciones con el delegado para saber cuáles son sus juicios para determinar si el gobierno central puede apoyar. (Con información de Notimex)