Preparan segunda jornada de movilizaciones contra Plan B electoral

Bajo la consigna #MiVotoNoSeToca, el próximo domingo 26 de febrero se realizarán movilizaciones ciudadanas en al menos 70 ciudades, de México, Estados Unidos y Europa, con el objetivo de defender la democracia, amenazada por el paquete de reformas del denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, implementado luego de que la Cámara de Diputados desechó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, a finales de 2022.

Será la segunda ocasión en que se realicen manifestaciones simultáneas en diferentes ciudades del país y del extranjero, desde el 13 de noviembre pasado, cuando ocurrieron las primeras marchas convocadas por organizaciones sociales para manifestarse en contra de la intención del gobierno federal de desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con César Damián Retes, secretario ejecutivo de la organización civil Unidos y Sí por México, hasta el momento se han confirmado movilizaciones en la capital del país y, al menos, en otras 65 ciudades, del interior de la república, entre ellas las 31 capitales estatales.

Además, se confirmó que habrá concentraciones en Barcelona y Madrid, España, así como en Washington D.C. y Los Ángeles, Estados Unidos, aunque se espera que en los próximos días se confirmen varias más.

El pasado 13 de noviembre, cuando se realizó la marcha de la glorieta del Ángel de la Independencia a la plaza de la República, junto al monumento a la Revolución, en la capital mexicana, también hubo marchas en 64 ciudades mexicanas y del extranjero.

Esta vez se han involucrado 98 organizaciones sociales a los trabajos de convocatorias y organización de las manifestaciones; en noviembre pasado participaron 54. Se espera que para el día de la movilización más de 100 asociaciones estén participando.

En el caso de la Ciudad de México, la convocatoria es para que la gente se reúna a las 11:00 horas, en la Plaza de la Constitución, en la esquina que da al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ahí se instalará un templete con el objetivo de que las miradas de las personas asistentes estén en dirección al edificio de la Corte. Se escucharán dos discursos, uno pronunciado por la periodista Beatriz Pagés Rebollar y otro por el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz.

El mensaje será: La ciudadanía respalda a los ministros

El activista Max Kaiser comentó que esta vez el mensaje será que la ciudadanía respalda a los ministros de la SCJN, que serán los encargados de pronunciarse sobre las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, promovidas ante esa instancia por partidos políticos, legisladores y municipios en contra de las dos leyes que forman parte del paquete denominado Plan B electoral, que ya fueron promulgadas y en contra de las modificaciones a las otras cuatro leyes que actualmente están atoradas en el senado, porque el presidente López Obrador ha ordenado a los legisladores de Morena eliminar un artículo mediante el cual se autoriza que los partidos tengas permitido que otro le ceda votos y con ello no perder el registro.

El activista recordó que se necesita que ocho ministros declaren inconstitucionales todas esas leyes, porque se requiere de una mayoría calificada para que sean declaradas inconstitucionales para efectos generales, aunque hayan pasado por una mayoría en el Congreso.

“Tenemos que ir a decirles vehementemente que los estamos viendo y los vamos a apoyar (…) tenemos que hacer expreso a ocho ministros que| tienen que votar en contra”, dijo Max Kaiser.

Por ello, insistió, el mensaje es que la ciudadanía los respalda, que está con ellos “ante cualquier cosa que el gobierno quiera intentar en su contra” y, al mismo tiempo, exigirles que voten en contra del Plan B electoral.

Mientras el experto en cultura ciudadana, Carlos González Martínez, opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería juzgar con perspectiva de construcción de ciudadanía las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad antes mencionadas, con el objetivo de proteger a la institucionalidad que permite el ejercicio de la ciudadanía.

Por su parte el cofundador de Unidos y Sociedad Civil México, Gabriel España, quien radica en Washington dijo que, en Estados Unidos, además de las manifestaciones ya confirmadas en la capital estadounidense y Los Ángeles, se trabaja para que puedan ocurrir en otras ciudades de Texas, California, Illinois y Florida.

Informó que hay personas que radican en ciudades de Europa, Asia y el Medio Oriente que han manifestado su intención de congregarse, al menos en los puntos de reunión de las comunidades mexicanas.

El activista expuso que los mexicanos que viven fuera del país han manifestado su interés en manifestarse contra el Plan B electoral, porque tienen claro que quieren que avance la democracia en el país, que no haya retrocesos y que se mantenga el INE con el prestigio y reconocimiento que actualmente tiene a escala internacional.

Cuando se lee en el extranjero que hay políticos mexicanos que “quieren destazar” al INE, no lo podemos permitir, porque son de las pocas instituciones mexicanas que funcionan y han ayudado a que la democracia se recree y eso se refleje en la ausencia de conflictos poselectorales, recalcó.

Subrayó que la movilización de la ciudadanía para manifestar su inconformidad con las reformas que atentan contra el marco legal y las instituciones que hacen posible que haya elecciones con certeza tiene que ver con incrementar el costo de este tipo de intenciones para los actores políticos.

Por ello, el éxito de una concentración como la que se prepara para el domingo 26 de febrero, tiene que ver con el efecto de presión política hacia la SCJN y el Senado, que tienen que sentir el peso de la decisión que van a tomar. “Si no defienden los derechos de la población, tienen que saber que hay un costo político”, recalcó.

Luego, llamó la atención que en Estados Unidos el presidente Donald Trump pretendió “dinamitar las instituciones” cuando vio que perdió la reelección, pero hubo una sociedad civil que no lo permitió.

Situaciones como esa, que atentan con la recreación de la democracia, se han visto también en Brasil, Perú y otras naciones, a lo cual debe ponerse atención para que no ocurran en México, expuso.

Las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos van a tener argumentos formales y sustanciales

A su vez, Jorge Alberto Lara Rivera colitigante de la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Corte, se manifestó por construir un contexto que sensibilice a la SCJN sobre la pertinencia de legitimidad real consensual.

Dijo que una reforma política no puede sino ser un mejoramiento de las reglas del juego donde los principios de imparcialidad, legalidad, certeza, etcétera, son fundamentales. Si una reforma no va en ese sentido carece de legitimidad sustancial, indicó.

“Claro que la tenemos que aterrizar en argumentos legales y normativos, pero sí necesitamos hacer este ejercicio”, dijo.

El abogado recalcó que esta reforma tiene vectores contrarios a los que presentaron reformas anteriores y eso debe tomarlo en cuenta la Corte.

Los ministros deben velar por la constitución, pero la Constitución está preñada de principios profundos y una de las más importantes como es el republicanismo que implica que caben todas las expresiones (políticas) incluidas las minoritarias.

Recalcó que los ministros de la SCJN están conscientes de que para conseguir los equilibrios necesarios que le den racionalidad a la vida pública se requiere de controles contra mayoritarios.

De acuerdo con el litigante, las acciones, controversias y amparos van a tener dos tipos de argumentos: los formales y sustanciales. Los formales van a ir en el sentido de las violaciones al procedimiento legislativo.

Llamó la atención en que son evidentes los atropellos y violaciones reglamentarias del procedimiento legislativo.

Enfatizó que el Congreso tiene como un una de sus funciones esenciales la deliberación democrática lo cual, en este caso, no se hizo y, por lo tanto, constituye un gran vicio de origen. “Esta reforma no se discutió; esta reforma se impuso a golpe de levantar manos”, además de que hubo un abuso de la mayoría para dispensar trámites.

Por su parte el abogado Guillermo E. Rivera Millán, informó que se habilitó la plataforma https://defensaine.com.mx/ en donde se invita a los ciudadanos de todo el país a manifestar públicamente su rechazo al llamado Plan B electoral y firmar un manifiesto individual que se reunirá con los de otros ciudadanos para hacérselos llegar a los ministros mediante el uso del instrumento “amigos de la corte” su petición de detengan las reformas que pretenden socavar las instituciones electorales del país.

El objetivo, mencionó, es que se reúnan decenas de miles de firmas y sean enviadas a los ministros.

diego.badillo@eleconomista.mx