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Programas sociales no pintan en combate a la pobreza
Las transferencias monetarias del Gobierno federal tienen un peso mínimo en la reducción de la pobreza y quedan fuera de sus beneficios las personas que más los necesitan, exponen especialistas consultados por El Economista.
El Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, gasta en programas sociales, tres veces más que lo que se destinaba para ese fin en el sexenio pasado y los resultados son prácticamente los mismos; ese tipo de transferencias tienen un peso mínimo en la reducción de la pobreza y quedan fuera de sus beneficios las personas que más los necesitan. Además, investigadores respetados por sus pares, se han comenzado a hacer preguntas sobre si podrían variar los números dados a conocer hace unas semanas por el Coneval, si se toman en cuenta modelos estadísticos para hacer comparables esos datos con los anteriores a 2016, cuando el Inegi cambió la forma de captar la información, plantean especialistas consultados por El Economista.
El pasado 10 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval) informó que, entre 2018 y 2022, la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% (51.9 millones) a 36.3% (46.8 millones), mientras que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% (8.7 millones) en 2018 y 7.1% (9.1 millones) en 2022.
¿Para qué sí sirven y para qué no sirven las transferencias de dinero directas?
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que las políticas sociales pueden ayudar a que las personas superen barreras en el ejercicio de sus derechos sociales.
Puso como ejemplo que en una familia que tiene dificultades para mantener a todos sus hijos en la escuela, una beca le puede servir para que no deserten, pero no quiere decir que la beca combata la pobreza; sólo ayuda a disminuir una barrera.
Por su parte Axel Eduardo González Gómez, investigador de México, ¿Cómo vamos?, explicó que los programas sociales deben entenderse, no como medios para reducir los niveles de pobreza o desigualdad que se observan en una sociedad, sino como herramientas para aminorar los efectos de la pobreza en la que vive cierta población.
En ese sentido, Gómez Hermosillo enfatizó que el combate a la pobreza solo se hace mejorando las condiciones de ingreso de los hogares y algunas políticas públicas pueden ayudar, por ejemplo, laborales, pero son mínimas.
De acuerdo con el Coneval, sin el efecto en pobreza producido por las transferencias de programas sociales, en 2022 en lugar de tener 36.3% de personas en pobreza (46.8 millones), se hubieran tenido 39.0% (50.3 millones) y en pobreza extrema, en lugar de tener 7.7% (9.7 millones) serían 8.9% 11.5 millones).
Desde esa perspectiva, los programas permitieron que 2.7% (3.5 millones) de personas no estuvieran en condición de pobreza y 1.8% (2.4 millones) no estuvieran en pobreza extrema.
Gómez Hermosillo recalcó que lo que llama la atención es que este Gobierno, para conseguir eso, está gastando muchos más recursos de lo que se gastaba en el sexenio pasado.
Hoy se gasta casi tres veces más de lo que se gastaba en 2018, cuando el efecto en la pobreza derivado de los programas sociales fue de 1.9 (en lugar de 2.7 de 2022). Entonces la diferencia que hacen los programas sociales con su monto de gasto de este gobierno, comparado con el del sexenio anterior es de ocho décimas (2.7 de 2022 menos 1.9 de 2018), pero gastando casi tres veces más.
Un análisis del IMCO refiere que, de aprobarse el presupuesto federal planteado para 2024, los recursos para la Secretaría de Bienestar alcanzarían un nuevo máximo histórico en 2024, al ascender a 543,920 millones de pesos.
En relación con el presupuesto de 2023, este cambio implica un crecimiento de su presupuesto de 109, 398 millones de pesos, equivalente a 25.2% real.
Programas sociales tienen peso mínimo en reducción de pobreza
Gómez Hermosillo, quien, como consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, UNFPA, WFP, ha asesorado programas sociales en diversos países, comentó que los datos son muy claros: los programas sociales, tienen un peso mínimo en la reducción de la pobreza.
Axel Eduardo González Gómez explicó que los indicadores de ingresos son donde se está viendo una recuperación más oportuna.
Explicó que los ingresos de los hogares se componen por cinco grandes categorías que son los ingresos por trabajo, las transferencias (incluye las gubernamentales, pensiones y remesas) la estimación de alquiler y la renta o rendimientos financieros y otros.
Durante los últimos años el ingreso por trabajo es el que tiene mayor peso. En 2016 era 64.2% y ahora (en 2022) es 65.7 por ciento.
Sin embargo, subrayó que, cuando se descompone ese indicador, para ver su composición por cada decil de hogares, se observa que, en 2016, en los hogares de menos ingresos los ingresos por trabajo representaban 39% mientras que en 2022, 43% es decir un incremento de cuatro puntos porcentuales.
Para 2022, en todos los deciles de ingreso (salvo el decil X) se observa un ingreso por trabajo superior a lo observado en 2018.
Para el especialista, eso quiere decir que la reducción que se observa en la pobreza multidimensional, en específico en la parte de ingresos, está relacionada con el avance significativo en los ingresos por trabajo.
Asimismo, González Gómez indicó que, en la parte específica de las transferencias gubernamentales, lo que dicen las cifras es que, actualmente, hay un mayor número de hogares que reciben transferencias gubernamentales que en años anteriores, pero si se analiza la información por grupos poblacionales, se aprecia que, en el caso específico de los deciles de menores ingresos (I y II), el porcentaje de hogares que recibieron transferencias gubernamentales está por debajo de lo que había en 2016 y 2018, mientras que para el resto de los deciles se observa que el porcentaje de hogares que recibe transferencias es mayor que lo que se observaba en 2018.
Según el maestro en Economía, eso se debe a la reestructuración de los programas sociales que hubo al entrar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio pasado la focalización estaba orientado a los hogares más pobres.
Comentó que en el caso específico de las Becas Benito Juárez que sustituyeron a los programas prospera y oportunidades, tiene hoy una menor focalización que sus antecesores y hoy tiene un alcance menor.
Según los resultados de un análisis realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las transferencias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tienen resultados escasos: Hay más jóvenes en trabajos precarios que hace 4 años (2018 – 2022) y hay menos jóvenes en trabajos formales que hace cuatro años.
Hay que focalizar los recursos hacia quienes más lo necesitan, señalan expertos
A su vez Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (SEEY), explicó que dando por válidas las cifras dadas a conocer por el Coneval, el 10 de agosto pasado sobre la pobreza en el país, se podrían plantear dos hipótesis para explicar qué fue lo que ocasionó la reducción.
La primera, el desempeño del mercado laboral, sobre todo el aumento a los ingresos laborales, influidos por aumento al salario mínimo. La otra, tiene que ver con las transferencias monetarias directas.
La primera opción se perfila como la explicación más viable, porque es el ingreso que registra un mayor aumento, además de que debe tomarse en cuenta el importante incremento que tuvieron los salarios mínimos.
De hecho, indicó que se sabe desde tiempo atrás que el ingreso laboral de las personas es el ingreso principal y, cuando aumenta, tiene un mayor impacto en sus condiciones de vida.
Según el especialista, la eficacia con la cual se ha intentado reducir la pobreza a través de transferencias monetarias ha caído, es decir, hay más transferencias pero son menos eficaces.
Eso se explica en que los ingresos en las transferencias se han ido, principalmente a las personas de mayores ingresos, en lugar de a las más pobres. Hasta cierto punto, las nuevas transferencias han sido en favor de los que más tienen, expuso.
En ese sentido dijo que sí hay forma de focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. De hecho, durante administraciones federales pasadas había una forma diferente de designar esas transferencias, a través de un padrón de beneficiarios que daba prioridad a quienes menos tenían.
El problema es que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cambió el enfoque: ya no hay un trato preferencial hacia los más pobres, debido a que se dio preferencia a la llamada universalidad de los programas sociales.
El otro factor es que el enfoque y la operación han sesgado los programas hacia los que más tienen. Eso ocurre porque a la hora de operar las transferencias, se ha documentado que terminan llegando a los grupos que viven en las zonas que más fácil tienen la información sobre cómo acceder a los programas sociales y tienen las facilidades para hacer los trámites correspondientes, dijo.
Con ello quedan fuera o son menos beneficiadas las zonas más apartadas del país, por ejemplo, comunidades indígenas ubicadas en zonas remotas que tienen dificultad de transportarse a los sitios en donde se hacen los registros para acceder a los programas sociales.
México, con su economía, no debería tener personas en pobreza extrema
Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que, en una economía como la mexicana, no debería haber ninguna persona en pobreza extrema y en eso los programas sociales podrían ayudar.
Rodolfo de la Torre destacó que, pese a duplicar los programas de transferencias monetarias, no se pudo contener la pobreza extrema, lo que quiere decir que la mira no estuvo orientada a atender a los más pobres de los pobres, y al ocurrir eso hay más probabilidades de que quienes están en pobreza extrema continúen en esa situación.
También planteó que algunos estudios señalan que alrededor de la mitad de los mexicanos que están en pobreza extrema, se quedan en esa condición y los que llegan a salir, 75% se queda en una situación de pobreza.
Hace unos días, Fernando Cortés, Héctor Nájera y Servando Valdés, investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, plantearon en un artículo publicado en la revista Nexos, en el que señalan que si se toma en cuenta el Modelo Estadístico de Continuidad (MEC) que corrige los ingresos laborales de la ENIGH, basándose en los datos de la ENOE, para poder comparar los datos de 2022 con los anteriores a 2016, año en que el Inegi cambió la forma de recabar la información, pudiera haber cambio en las cifras de pobreza.
Como el Inegi aún no da a conocer el MEC de 2022, el área de pobreza y desigualdad del PUED-UNAM, lo calculó empleando el método diseñado por dicho Instituto y entre los resultados destaca que el porcentaje de personas en pobreza que según los datos del Coneval se sitúa en 36.3%, puede ser en realidad de 41.8% y el de pobreza extrema en lugar de ser de 7.1%, puede ser de 8.7 por ciento.
Especialistas consultados por este periódico señalan que se trata de un ejercicio académico que se hace preguntas y que deben tomarse en serio. No afirma tajante que las cifras de Coneval están mal, pero se hace preguntas.