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Proponen 60 años de cárcel para quien dañe instalaciones de Pemex
Omar Fayad, propuso la creación de una ley que castigue hasta con 60 años de prisión a quienes perjudiquen la labor de Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias o filiales, o las nuevas empresas petroleras que inviertan en el país.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, Omar Fayad, propuso la creación de una ley que castigue hasta con 60 años de prisión a quienes perjudiquen la labor de Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias o filiales, o las nuevas empresas petroleras que inviertan en el país.
A través de la creación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra del Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos, el legislador priísta sugirió una pena máxima de 40 a 60 años de prisión y multa de 65,000 a 75,000 días de salario mínimo para las personas que por cualquier medio lleven a cabo actos de terrorismo en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos y sus empresas aliadas.
Además, una pena de 25 a 35 años de prisión y multa de 55,000 a 60,000 días de salario mínimo vigente a cualquier persona que directa o indirectamente aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, incluyendo donativos o donaciones para cualquier conducta ilícita aplicada al sector energético.
También de cinco a 10 años de prisión y multa de 5,000 a 15,000 días a los halcones, es decir, a quien bajo cualquier título aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información con el propósito de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, operación y actividades relacionados con el flujo y trasiego de hidrocarburos y sus derivados por ductos, instalaciones de almacenamiento y reparto y demás medios de transporte.
El robo de hidrocarburos constituye un problema económico muy grave, a manera de ejemplo, en el año 2011, se tiene estimado que el mercado ilícito de combustible ascendió a la cantidad de 23,900 millones de pesos y en el 2012 ascendió a la cantidad de 33,200 millones de pesos. De septiembre del 2013 a agosto del 2014, estas cifras representan aproximadamente 15,300 millones de pesos , argumentó el legislador en el documento presentado al pleno del Senado de la República.
