Ratificarán sin cambios ?leyes político-electorales

Remitida la minuta que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales por la Cámara de Senadores y turnada de inmediato a comisiones para su dictaminación, la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados determinará hoy la fecha del periodo de sesiones extraordinario para su desahogo en el pleno.

Respecto del paquete de legislación secundaria en materia político-electoral pendiente de concreción, en San Lázaro existe un acuerdo del referido órgano de gobierno interno, para ratificar sin cambios las minutas aprobadas por los senadores.

Para su ratificación por parte del pleno cameral, el dictamen correspondiente requiere del aval previo de la Comisión de Gobernación, que ya trabaja en el tema.

La primera nueva ley del paquete electoral secundario pendiente, aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 30 de abril, durante la última sesión del periodo ordinario, establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno en materia de delitos electorales.

De acuerdo con la normatividad, se impondría de 1,000 a 5,000 días de multa y de cinco a 15 años de prisión a quien de manera directa o a través de terceras personas realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie en favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para hacerlo o cuando los fondos tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Se prevé que dicha pena aumente en una mitad más, es decir, hasta 22.5 años de prisión.

Los ministros de culto religioso que presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición se harán acreedores a multas de 100 hasta 500 días de salario mínimo.

La ley mandata que las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, así como que los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos de un convenio que suscriban la PGR y el Instituto Nacional Electoral (INE).