SCJN acepta analizar recomendaciones de la CIDH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó analizar si el Poder Judicial de la Federación tiene obligaciones que cumplir, a partir de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco.

Por una mayoría de ocho votos, los ministros resolvieron que el máximo tribunal del país sí debe analizar si el Poder Judicial tiene que cumplir con recomendaciones emitidas por la CIDH, acerca de que el Estado mexicano en su conjunto tuvo responsabilidad en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974.

Pese a esta votación mayoritaria, el ministro Sergio Aguirre Anguiano, bajo el argumento de que no existe una ley que prevea la forma de cumplir resoluciones dictadas por organismos internacionales, se opuso a esta decisión de forma insistente, lo que provocó la molestia de Ramón Cossío.

Cossío Díaz subrayó que la Corte había aceptado analizar cuáles son las posiciones que debe adoptar el Poder Judicial respecto de las resoluciones de la CIDH, y que precisamente ese tema era el que tenía que puntualizarse y recriminó las intervenciones de Aguirre Anguiano.

Van cuatro veces que nos interrumpe. Le pediría que dejara de hacerlo", le espetó.

Recalcó que antes de llegar a ese punto, la Suprema Corte tiene que resolver el problema de la vía para atender dichas recomendaciones, lo que implica determinar si dará una respuesta, y si el alto tribunal está obligado a hacerlo.

La sesión de este martes se centró en determinar si la Corte debía analizar el grado de responsabilidad que tuvo el Poder Judicial de la Federación en este caso, a petición de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, mediante una consulta a trámite, para lo que se designó a Ramón Cossío para que elaborara el proyecto de sentencia.

En un primer punto se discutió si el Poder Judicial de la Federación había sido notificado del fallo de la CIDH respecto de la desaparición de Rosendo Radilla en Guerrero, supuestamente llevada a cabo por militares.

Cossío propuso que debido a que la resolución del organismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que el PJF forma parte del Estado Mexicano, era notorio que este Poder estaba incluido en la notificación, lo que rechazó Sergio Aguirre.

A este respecto, Sergio Valls expuso que no se puede decir que el Poder Judicial de la Federación desconoce la sentencia, pues "somos parte del Estado mexicano, no podemos decir que se nos notifique, cual si fuéramos subordinados", recalcó.

La discusión de este tema se aplazó para el próximo jueves y en caso de que se decida si el Poder Judicial debe aceptar estas recomendaciones, la Corte determinaría si debe emitir un criterio respecto a si los militares involucrados en delitos cometidos contra civiles, deben ser juzgados por tribunales civiles y no sólo por castrenses.

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