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SCJN retira admisión de controversia del Edomex contra el Censo 2020
El gobierno mexiquense había promovido una controversia constitucional en contra del Censo de Población y Vivienda 2020, que informó una disminución de la población de la entidad, que significó luego una reducción de las participaciones federales que entrega la Secretaría de Hacienda.
Mexico. Ciudad de MÈxico. 13052019. SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACION,FACHADA DE LA SCJN.FOTO: ROSARIO SERVIN
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la admisión de la controversia constitucional promovida por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en contra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, Cifras durante el Primer Trimestre de 2021 y del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En ambos instrumentos se reportó una disminución de la población en la entidad, lo que implicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujera el monto de sus participaciones federales.
La Sala observó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos o normas a través de la controversia constitucional, su procedencia está condicionada a que se expongan argumentos que pongan de manifiesto una afectación a la esfera competencial constitucionalmente prevista a favor del actor o a derechos humanos.
En este caso, la Segunda Sala apuntó que las pretensiones esgrimidas por el gobernador del Mazo corresponden a transgresiones a legislaciones diversas a la Constitución Federal, lo que hace que sean temas de estricta legalidad y no existe planteamiento que revele una afectación a las competencias constitucionales del actor o a derechos humanos.
La Segunda Sala dijo que su decisión se basa en el criterio a que son improcedentes las controversias constitucionales en las que se aleguen cuestiones de legalidad relacionadas con la forma, plazo y montos en que se distribuyen los recursos federales a municipios y estados, ya que su regulación descansa en la normativa que en materia de coordinación fiscal se establezca a nivel federal y estatal.
