Sanciones alcanzan los $9,292 millones

En los últimos siete años la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto sanciones económicas a burócratas federales por desfalcos al erario público, por un total de 9,292 millones 309,523 pesos.

Dicho monto deriva de 4,807 sanciones interpuestas entre el 2010 y el pasado 29 de mayo. No obstante, 1220 de éstas sanciones han sido revocadas y 613 cuentan con un estatus sub judice, es decir, se encuentran a la espera de la decisión de un juez sobre si procede o no dicha sanción. En total, alrededor de 38 % de las sanciones se encontraban inejecutables hasta hace un par de meses.

El cobro de las sanciones impuestas, en un principio, por los Órganos Internos de Control pueden ser revertidas o desechadas mediante impugnaciones interpuestas por los mismos funcionarios públicos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Mediante la solicitud de información realizada por El Economista a la SFP, con número de folio 0002700115917, la instancia federal indicó que en el 2010 se amonestaron económicamente a 490 funcionarios, para el 2011 el número de servidores escaló a 719, en el 2012 fueron 703, para el 2013 se sancionaron a 590, en el 2014 fueron 736, en el 2015 se amonestaron 629 y para el año pasado se sancionaron a 656.

En tanto que para este año, hasta el 29 de mayo se había castigado a 284 funcionarios públicos de la Administración Federal.

En el 2010, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se posicionó como la dependencia con el mayor número de funcionarios sancionados económicamente con 111. En el 2011, dicha posición la ocupó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 194 funcionarios, en 2012 fue el Super ISSSTE con 72 multados.

Del 2013 al 2016 los funcionarios de la Policía Federal fueron los más sancionados, año con año, contabilizando en total 403 sanciones que fueron desde directores generales hasta policías comunes.

En lo que va de este año destaca la empresa paraestatal Diconsa, que se encarga en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social de abastecer alimentos a comunidades rurales; aquí habían sido sancionados 38 funcionarios por desvíos de recursos públicos hasta hace un par de meses, colocando a la empresa del estado como la de mayor número de funcionarios sancionados de la Administración Federal.

De acuerdo al artículo 15, tanto de la antigua Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, así como de la nueva ley general, que entró en vigor el pasado 19 de julio, se precisa que las sanciones económicas a servidores públicos se impondrán cuando se incurra en el desvío o mala utilización de los recursos públicos.

Dichas sanciones podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados por el funcionario.

La SFP informó también que en el mismo periodo ha destituido por causas graves a 2,338 funcionarios. Año con año, el número de destituciones de servidores públicos se ha mantenido en números constantes, siempre por arriba de las 300 separaciones de cargo.

En este sentido fue el 2012 el año con el mayor número de destituciones con 376. Para ese año el IMSS se posicionó como la institución con el mayor número de funcionarios despedidos, con 46.

En la Ley de Responsabilidades Administrativas se estipula que la sanción de destitución se aplicará en caso de que un funcionario cometa una infracción grave, como la adquisición de bienes inmuebles como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión .

Asimismo, la Secretaría a cargo de Arely Gómez ha inhabilitado a 14,021 servidores y suspendido a 21,128 funcionarios públicos. En general, en cualquiera de sus rubros que van desde las amonestaciones verbales públicas o privadas, hasta la destitución del cargo la SFP ha sancionado a un total de 75,832 servidores públicos de la Administración Federal.