Se basarán en censo de la extinta Sedesol

El Gobierno ofreció un plan de salida a la exigencia de madres de familia, maestras y organizaciones para que se garantice la continuidad de las estancias infantiles.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, y la subsecretaria Ariadna Montiel, anunciaron que continuará el programa de estancias infantiles, sólo que cambiará de nombre, y ahora se llamará: Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Explicaron que el reajuste presupuestal al programa estancias infantiles se debió a que el gobierno consideró que niños de tres a cuatro años de edad ya deberían acudir al preescolar.

Aunque aseguraron que el padrón registra a más infantes de los que en realidad acuden a las estancias, indicaron que se aceptó tomar el padrón de 330,000 niñas y niños que tenía la extinta Sedesol para entregar 1,600 pesos mensuales a padres de familia —con hijos de uno a cuatro años de edad—, a fin de que decidan si pagan una guardería, o destinan el recurso al pago de alguien de confianza.

Cuestionada respecto de qué hará el gobierno para atender a las madres que protestan por la reducción de presupuesto a este programa, Montiel dijo que esta semana se iniciará un censo a través de los delegados de desarrollo, y una vez concluido se pasará al pago.

Indicó que, adicionalmente, el IMSS debe —en caso de no contar con una estancia o número de estancias suficientes— entregar un vale por 1,650 pesos, para que los padres de familia busquen un lugar para el cuidado.

La subsecretaria afirmó que el nuevo gobierno revisó el programa y encontró que no tenía una focalización para combatir el rezago educativo. Comentó que este programa surgió pensado en las madres trabajadoras que no tenían seguridad social o que estaban en busca de empleo, pero a la fecha, más de 27,000 padres, madres o tutores están afiliados al ISSSTE y, por lo tanto, son beneficiarias de estas estancias en este centro de seguridad social.

Expuso que también hay 77,000 padres que están afiliados al IMSS, “de tal manera que uno de cada tres niños, o uno de cada tres madres, padres, sí cuentan con seguridad social”.

Por otro lado, indicó que 7,000 estancias fueron evaluadas por el DIF con foco rojo, por lo cual deberían estar cerradas porque no cumplen con reglas de seguridad.

Sostuvo que por ley, ninguna persona puede operar más de una estancia, pero se encontró “una red de prestanombres” para ser responsables de estancias, aunque en realidad, una persona administraba cinco, seis y hasta 10. “Hubo sobornos a los supervisores”, dijo.

Refirió que también se detectó que la extinta Sedesol ofrecía 70,000 pesos para abrir una estancia o para adaptar las casas, pero cuando se les entregaba el recurso, las personas no volvían.

jmonroy@eleconomista.com.mx