Se paraliza cierre de periodo en San Lázaro

La polarización social que creó la Ley de Seguridad Interior provocó una crisis en la Cámara de Diputados.

Los legisladores pretendían clausurar el periodo ordinario de sesiones con la aprobación de 45 dictámenes, 88 puntos de acuerdo, 51 dictámenes negativos, 346 iniciativas y dos preposiciones.

La maratónica sesión transcurría hasta las 6:21 de la tarde cuando las bancadas del PAN, PRD, MC y Morena interrumpieron para acusar una práctica dilatoria del PRI para esperar la aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Interior, a fin de dispensarle todos los trámites en la Cámara de Diputados y aprobarla en fast track.

Los diputados Federico Döring (PAN), Rocío Nahle (Morena) y Jesús Zambrano (PRD) pidieron que se pasara directamente a la clausura del periodo ordinario de sesiones y el nombramiento e instalación de la Comisión Permanente del Congreso.

“Lo que buscan es hacer el tiempo necesario para que llegue (del Senado la minuta de la Ley de Seguridad Interior), obviar absolutamente todos los trámites y aprobarla”, acusó el coordinador panista Marko Cortés, acompañado de los coordinadores Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano del PRD, así como Clemente Castañeda de MC.

“El PRI está dispuesto a todo, incluso a sacrificar la estabilidad y la institucionalidad del Poder Legislativo con tal de sacar la minuta”, agregó Castañeda.

El coordinador priista, César Camacho Quiroz, confirmó que su bancada sí pretendía la aprobación de dicha ley, pues aseveró que jurídicamente es posible que una minuta suba de forma inmediata al pleno, si este mismo aprueba dispensar trámites.

“Sí, explícitamente lo digo, tenemos interés de revisar la minuta que eventualmente llegue del Senado a la hora que llegue”, admitió.

Tras esta situación, la Mesa Directiva declaró dos recesos, el primero de media hora y el segundo a la medianoche, en espera de la minuta del Senado, de lo cual dependía la clausura del periodo ordinario, y la integración de la Comisión Permanente. Al cierre de esta edición continuaba el receso.

Mientras transcurría la espera, en privado y no en el pleno, los integrantes de la Junta de Coordinación Política nombraron a los integrantes de esa comisión, cuya instalación será este viernes.

Los diputados se van hoy al periodo de receso navideño y el jaloneo político, principalmente entre el PAN y PRI, dejaba como pendiente el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cargo que podría quedar acéfalo a partir del 1 de enero.

Esa situación obligaría a los auditores Juan Javier Pérez Saavedra, Roberto Salcedo, Fernando Cervantes y Salim Arturo Orcí a ponerse de acuerdo para que alguno asuma la titularidad temporal.

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, acusó al PRI de señalar que la oposición no permitió ese nombramiento, aunque el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo, no enlistó en el orden del día la votación de la terna.

El coordinador del PVEM, Jesús Sesma, aseguró que “todo títere tiene un titiritero”, al sugerir que los diputados del PAN, PRD y MC eran ordenados por el precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, para frenar la discusión de temas.

Lo que alcanzó a salir

Dentro de los 45 dictámenes enlistados a votación en la sesión destacó la aprobación de reformas al Código Civil que estipula como un ilícito publicar información mediante “cualquier medio tradicional o electrónico” que pueda afectar la moral de una persona sin importar si la información divulgada es cierta o falsa. Dicho dictamen fue turnado al Senado.

Además, el pleno de la Cámara autorizó una reforma al Código Penal para tipificar como un ilícito cuando un servidor público divulgue o altere información que con motivo de su cargo o comisión tenga en su poder.

También se aprobaron reformas para que un cónyuge que se haya divorciado y haya estado al cargo de los hijos tenga derecho a recibir una compensación material o económica, aun cuando haya o no cooperado con la creación de bienes.

De la misma forma se aprobó un dictamen que reforma para sancionar con entre 15 días y seis meses de prisión al que al requerir el pago de una deuda incurra en prácticas intimidatorias de hostigamiento o violencia física o verbal.

EL DATO

En medio de una gran confusión con la votación, el pleno de Diputados aprobó el dictamen de consulta popular en las elecciones del 2018, para conocer si la ciudadanía está o no de acuerdo con el Mando Mixto. El dictamen fue aprobado, de acuerdo con el presidente de la Cámara, Carlos Ramírez Marín (PRI), por 250 votos a favor. Ramírez Marín dijo que tres diputados votaron de viva voz, fuera del tablero, lo que levantó dudas. Jorge Ramos (PAN) anunció que presentarán un recurso.