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Política

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Senadores aprueban en comisiones los cambios al dictamen para ampliar la permanencia del ejército en las calles

Entre los cambios planteados en el dictamen destaca que el Congreso de la Unión tendrá facultades de control parlamentario sobre el desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad nacional.

La Cámara de Senadores aprobó anoche, en comisiones, el dictamen a la minuta que reforma la Constitución para prorrogar hasta el 2028 la autorización a las fuerzas armadas a participar en acciones de seguridad pública, mismo que sufrió modificaciones a partir de propuestas presentadas por legisladores de todos los partidos políticos y sin partido.

El decreto correspondiente será discutido y votado por el pleno cameral en la sesión ordinaria de hoy.

Luego de tres horas de discusión, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer por 19 votos de Morena, PT y PVEM el dictamen que incorporó la propuesta de la senadora morenista Lucía Meza y que fue enriquecida según la propia morelense con planteamientos de legisladores de distinta filiación política.

Diez senadores del autodenominado bloque de contención, entre panistas, priistas, emecistas y sin partido, votaron en contra y la mayoría de ellos anunció la presentación de votos particulares al momento de someterse a discusión en el pleno cameral.

A la presentación de la propuesta de Meza, el emecista Noé Castañón hizo la propia a nombre del autodenominado bloque de contención, que integran las bancadas senatoriales del PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido, que planteaba la inclusión al dictamen de 13 artículos transitorios, con el propósito central de modificar la estrategia de seguridad pública del gobierno federal y dotar de presupuesto a estados y municipios, misma que tras la votación quedó sin efectos.

De los 18 oradores, la mitad se pronunció en pro de la propuesta de Meza —7 morenistas, un pevemista y la priista Sylvana Beltrones— y el resto en contra (tres panistas, la priista Claudia Ruiz Massieu Salinas, dos emecistas, dos sin partido y el perredista Miguel Mancera, quien sin embargo votó en abstención).

Al arranque del debate en la reunión de comisiones unidas, Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN, dejó claro que el dictamen modificado no contaría con el voto aprobatorio de los senadores panistas por considerar que la propuesta de la morenista Meza “no dice absolutamente nada”.

“Soñar con una propuesta así es una verdadera ilusión”, dijo tras descalificar cada punto del documento a discusión y que al final fue incorporado al dictamen por decisión mayoritaria.

En su turno, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, anticipó que “para ejercicios de simulación no cuenten con nosotros”.

La priista Ruiz Massieu Salinas reconoció que la propuesta de modificación contiene mejoras, pero explicó que aun así no satisface “los mínimos establecidos” por la oposición por lo que no la aprobará.

“No podemos coincidir, yo por lo menos; no la podemos acompañar”, expresó y anunció que presentará un voto particular.

Comparecencias

El dictamen aprobado establece que “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la GN desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

El Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de dicha facultad proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos humanos.

Para el análisis y dictamen de los informes, a partir del primer semestre del 2023 y hasta el 2028, se integrará una comisión bicameral que convocará cada semestre a los secretarios de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y de Marina.

A partir del 2024, precisa, el Ejecutivo federal establecerá un fondo de apoyo a los estados y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, que será distribuido en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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