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Sentencias inclusivas, contra la discriminación
El Conapred afirmó que las personas involucradas en el ámbito de la justicia pueden crear estereotipos y prejuicios o ser actores de cambio que permitan evolucionar hacia una interpretación más incluyente de los derechos humanos.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirmó que las personas involucradas en el ámbito de la justicia pueden crear estereotipos y prejuicios o ser actores de cambio que permitan evolucionar hacia una interpretación más incluyente de los derechos humanos.
Durante el Conversatorio sobre Criterios Judiciales en Materia del Derecho a la No Discriminación, en el que además participaron el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la titular del Conapred, Alexandra Haas, afirmó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayudan a la ciudadanía a pensar de otra manera los derechos.
Durante diferentes mesas de diálogo, en las que se abordaron las sentencias a la educación inclusiva y la seguridad social para trabajadoras del hogar, Haas manifestó que el acceso a la educación básica sin discriminación se encuentra expresado en una diversidad de tratados internacionales, a los cuales México está suscrito y lo obligan a garantizar el derecho a la educación inclusiva.
“Se trata de que la educación inclusiva sea un proceso continuo para que todas las personas con discapacidad puedan ser parte de este tema y reconocer la discapacidad para hacer los ajustes razonables que salvaguarden la autonomía de este grupo”.
Por otra parte, destacó como un ejemplo de política pública la sentencia de la Corte para realizar cambios legislativos que permitan que las trabajadoras del hogar ingresen al plan piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el fin de que cuenten con seguridad social.
Finalmente el ministro de la SCJN , Alberto Pérez Dayan, afirmó que para que estas sentencias fueran discutidas por todos los niveles de gobierno, se involucró a las personas interesadas que padecen el problema, las instituciones interesadas en hacer valer los derechos humanos y las organizaciones civiles mediante las cuales estos casos son llevados a la jurisdicción.
