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Sheinbaum rechaza dialogar con Ecuador tras el asalto a la Embajada en Quito si no hay una disculpa
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves dialogar con el Gobierno de Ecuador tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves dialogar con el Gobierno de Ecuador tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y señaló que las condiciones para retomar los lazos pasan por una disculpa y por el reconocimiento del derecho de asilo.
"Fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar", declaró durante una rueda de prensa en la que mostró su apoyo a la decisión del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, de romper las relaciones bilaterales.
Sheinbaum recordó que el Ejecutivo denunció lo ocurrido y elevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación de la sede diplomática y la integridad física y moral de los allí presentes. "Hoy hay una demanda para que no haya una repetición", dijo, remarcando que fue una "invasión violenta" de la legación.
Por último, afirmó que son "ellos" los que "tienen que dar el paso" de hacer "una disculpa pública". "Lo que se está pidiendo en esta demanda a México es, por un lado, la disculpa y reparación del daño. Y, por otro lado, el caso (de Glas) porque tiene derecho de asilo en México", reiteró la mandataria electa.
La Policía de Ecuador ingresó por la fuerza en la Embajada mexicana en Quito a comienzos de abril para cumplir con la orden de detención contra el exvicepresidente Glas (2013-2017), acusado de corrupción y que había alegado temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que le brindaría asilo político.
Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.