Solicita PJF 84,792 millones de pesos para el 2024

El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó un presupuesto por 84,792 millones de pesos para ejercer el próximo año, monto superior en 4,146 millones al gasto que que le fue autorizado por la Cámara de Diputados para el año en curso, que asciende a 80,646 millones considerando la inflación.

“Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial federal solicita un incremento real del 4% del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país”, informó Norma Piña.

En sesión pública solemne con la asistencia de los 21 funcionarios del Poder Judicial que representan a más de 55,000 servidores públicos integrantes de la Judicatura federal, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que “la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.

“Desde el Poder Judicial federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.

El debilitamiento de las atribuciones esenciales del Poder Judicial federal ante una insuficiencia presupuestal, enfatizó, “no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho.

“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciar formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda”.

Estableció también que proteger el acceso a la justicia de los mexicanos no sólo corresponde al Poder Judicial federal, “sino también directamente al poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”.

Piña detalló que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal el próximo año representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano.

Recortes

En su mensaje, la ministra Piña destacó la disminución presupuestal del ente autónomo durante el actual sexenio en comparación con otros órganos del Estado mexicano.

“En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4% en términos reales.

“Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Las funciones que habrá de desempeñar el poder Judicial federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país”.

El gasto solicitado para 2024, aseguró, “considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad”, que no precisó.

Proceso electoral

Desde su óptica, las funciones que desempeñará el Poder Judicial federal en 2024 son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en México.

“En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implica la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, advirtió.

Finalmente, anticipó que se dispondrá de recursos para reforzar las medidas de seguridad de quienes integran el Poder Judicial federal porque “impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean.

“La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”.

Buscan más de 6,100 mdp para Suprema Corte de Justicia

El Poder Judicial de la Federación (PJF) prevé un aumento de 8.5% en el presupuesto de la SCJN y del CJF para 2024, mientras que para el TEPJF se estima un aumento nominal de 30.5 por ciento.

De acuerdo con las cifras compartidas con El Economista por parte del Poder Judicial, para la Suprema Corte se solicitó 6,109.1 millones de pesos para el próximo año, la cifra para este 2023, fue de 5,630.5 millones.

Con lo que se refiere al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la cifra para el 2023 fue de 68,933.9 millones y para el próximo año se prevé que se apruebe por el Congreso de la Unión un total de 74,793.3 millones.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se estima un monto de 3,890 millones de pesos. El monto avalado por los legisladores para este año fue 2,980.1 millones.

Para el 2024, el Poder Judicial de la Federación tiene previstos varios proyectos, los cuales se conforman de seis Centros de Justicia Penal, que se sumarían a los 42 actuales.

También se visualiza crear 22 Tribunales Laborales Federales en diferentes sedes, además de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El Poder Judicial se conforma por más de 55,800 servidores públicos, de los cuales 80% de ellos realiza labor jurisdiccional.

(Con información de Iván Rodríguez)

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