Subcontratan ALDF y delegaciones servicios de limpieza

La Asamblea Legislativa y 13 de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal incurren en prácticas de outsourcing o subcontratación, al contratar servicios para labores de limpieza y mantenimiento.

En rueda de prensa, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, y los legisladores locales, Alejandro López y Arturo López Cándido, coincidieron en que a pesar de que esa práctica vulnera derechos de los trabajadores, en la capital hay 9,500 empresas que subcontratan a 500,000 trabajadores.

Mirón Lince denunció que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hay casi 120 trabajadores contratados a través de terceras empresas.

El presidente de la Cooperativa de Trabajadores en la ALDF, Juan Delgadillo López, señaló que los sueldos que perciben sus compañeros son de 2,080 pesos quincenales, con un horario de 6:30 de la mañana a 21:00 horas.

Expuso que además hay personal que labora desde la madrugada sin que reciban una compensación extra, y que no cuentan con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vacaciones, fondo de retiro ni de antiguedad.

Mirón Lince afirmó que es inexplicable lo que ocurre en la ALDF, e hizo un respetuoso llamado a la Comisión de Gobierno de ese órgano para que tome cartas en el asunto, y no se permitan las relaciones laborales subcontratadas que violenten los derechos de los trabajadores.

El funcionario local expuso que, con todo respeto a la separación de poderes y a lo que significan la ALDF y el gobierno central, "nosotros tenemos las facultades para vigilar el respeto a los derechos laborales y humanos en todo el Distrito Federal".

Manifestó que en México, cuatro de cada 10 personas son contratadas a través de personas o empresas distintas de aquellas para las que prestan sus servicios.

Resaltó que en los últimos cinco años las empresas que echan mano del outsourcing han evadido pagos al fisco por 250,000 millones de pesos en IVA y unos 550,000 millones en Impuesto Sobre la Renta y cuotas de seguridad social.

Mirón admitió que éste es un asunto polémico que no va a gustarle a muchos, de un lado ni de otro, pero son situaciones que se deben tratar con toda claridad y de frente a la sociedad, puesto que lo que está en medio son los derechos de las y los trabajadores.

GANANCIAS PARA OUTSOURCING

A su vez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, Alejandro López Villanueva, señaló que cada trabajador deja a esas empresas una utilidad de entre 150 y 200 por ciento.

En todo el país, las personas que se contratan por esa vía suman casi 1 millón 365,000 personas, aseguró.

Explicó que en el Distrito Federal, 13 de las 16 delegaciones contratan algún servicio de ese tipo, principalmente el de limpieza, de las que unas 20 brindan servicios al Gobierno del Distrito Federal.

Entre esas empresas destacan Grupo Alfa Sol que da servicios a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y Excelencia de Inmuebles S.A., que atiende a la Secretaría de Salud local, entre otras.

Luego de destacar que con esta práctica las instituciones o empresas privadas dejan de lado sus responsabilidades laborales y fiscales, aclaró que las tres jurisdicciones que atienden sus necesidades con su plantilla laboral son Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Comentó que en el caso de la ALDF "nos hemos dado cuenta de que las condiciones de los trabajadores contratados vía outsourcing para limpieza y mantenimiento, tienen condiciones poco dignas de trabajo".

Ante esa "ya se platicó con la presidenta de la Comisión de Gobierno para que se revisen las condiciones en las que esos trabajadores, a fin de que alcancen las condiciones a las que tienen derecho", aclaró.

Añadió que debe revisarse el contrato que la ALDF tiene con esa empresa, y que si no cubre los lineamientos mínimos cancelarlo, hacer una nueva convocatoria para asignar el empleo directamente a los trabajadores o a las empresas sociales.

En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la ALDF, Arturo López Cándido, denunció que ese órgano legislativo ha otorgado contratos a terceras empresas por adjudicación directa y sin que haya habido licitación.

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