Subordina el Senado el fuero militar al MP

Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos del orden común o federal o violen los derechos humanos de civiles sean juzgados por tribunales ordinarios y no militares.

Los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil , avalaron.

Con 106 votos en favor y con la ovación de legisladores de todos los partidos políticos, fue reformado el Código de Justicia Militar y el Código Federal de Procedimientos Penales, cambios con los que se pretende evitar casos como el de Rosendo Radilla.

Al acotar el fuero militar, se transformó a la Policía Militar en Policía Ministerial Militar, la cual actuará bajo la condición y mando del Ministerio Público en la investigación de delitos, podrá llevar a cabo detenciones y proporcionar seguridad a víctimas, ofendidos o testigos del delito.

Cuando se trate de delitos contra la disciplina castrense, los agentes de la Policía Ministerial Militar estarán facultados para realizar inspecciones personales sobre el detenido y recoger los objetos que tenga en su poder.

La minuta que fue enviada a la Cámara de Diputados también hace alusión a los delitos que puedan cometer los alumnos de educación militar.

Los menores de 18 años de edad que se encuentren en formación castrense y que cometan un delito contra la disciplina militar serán castigados con la mitad de las penas y serán puestos a disposición de las autoridades del sistema integral de justicia para adolescentes que corresponda.

Por otro lado, los jueces de ejecución de sentencias velarán porque el sistema penitenciario militar se organice sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y el adiestramiento militar, como medios para mantener al sentenciado apto para su reincorporación a las actividades militares cuando corresponda y su reinserción social .

Para evitar casos como el del general Tomás Ángeles Dauahare, acusado en el anterior sexenio de vínculos con la delincuencia organizada, la reforma establece limitación para la información anónima contra un uniformado.

Tratándose de informaciones anónimas sobre la posible comisión de un delito contra la disciplina militar, el Ministerio Público iniciará un acta circunstanciada en la que ordenará a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación previa , precisa la minuta.

La senadora priísta Arely Gómez destacó que la reforma se trata de un proyecto integral de modernización de la justicia militar que responde a la armonización con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

El dictamen fue avalado ayer en comisiones y el Pleno del Senado le dispensó los trámites para abordarlo el mismo día.

tania.rosas@eleconomista.mx