TEPJF inicia el estudio del “Plan B”; magistrado presidente garantiza independencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya inició el análisis de los juicios de derechos políticos que se han interpuesto en contra de la reforma electoral, conocida como el “Plan B”, y en los próximos días se conocerán sus resoluciones, anunció el presidente de ese tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón.

Al participar este lunes en la UNAM en el foro “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023”, el magistrado Reyes Rodríguez se disculpó por no poder adelantar juicios sobre dicha reforma, pues dijo que ese tema ya está en análisis al interior del Tribunal.   

“Por ello nos encontramos en el proceso de análisis, de estudio, de los planteamientos, y solamente quiero invitarles a que estén atentos, atentas, a las resoluciones del tribunal electoral que se tomarán en los próximos días”, resaltó.

El magistrado presidente afirmó que el TEPJF ya fijó y tiene claras las fronteras para resolver controversias concretas para ejercer un control constitucional sobre actos de aplicación, como fiscalización y partidos políticos, y derechos de ciudadanos.

“Las autoridades electorales hemos caminado de la mano de la ciudadanía en las últimas tres décadas y en ese tiempo las instituciones se han convertido en verdaderos garantes de los derechos de la sociedad”, refirió.

“Este camino nos ha permitido consolidar libertades irrenunciables, pues la libertad no es un estado de la naturaleza, sino una creación de la civilización. La justicia electoral ha garantizado en México que sea solo la voluntad ciudadana la que designe a sus gobernantes y representantes, esa libertad es hoy parte de las conquistas insoslayables”, añadió.

Mencionó que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral no pueden emitir juicios antes de resolver los asuntos, por lo que invitó a estudiantes y a académicos valorar el contenido de la reforma, y evaluar las decisiones que ha tomado el tribunal en función de los principios y valores de la Constitución; la más reciente en la cual ordenó que la quinteta para presidir al INE sea integrada exclusivamente por mujeres.

Resaltó la importancia de que se hagan foros para analizar eventuales reformas electorales, antes de que se materialicen en las cámaras del Congreso de la Unión.

“Toda sociedad enfrenta desafíos, y la democracia no es un sistema político estable en un sistema vivo”, dijo, al destacar que en México se pudo reformar el sistema electoral para dar cabida a la pluralidad de pensamientos, y para evitar los conflictos postelectorales. Aseveró que la ley aún tiene retos en paridad de género, pluralidad social, así como justicia en pueblos y comunidades indígenas.

“Parte de la normalidad democrática es gozar de periodos de estabilidad y cambio. En la medida de que estos periodos son largos, eso permite el desarrollo político social, económico de un país. Estabilidad que ha evitado conflictos, que ha evitado violencia, que ha evitado que los actores políticos desconozcan los resultados electorales o que desacaten la ley. El cambio con estabilidad se ha reflejado en la alternancia en el poder ejecutivo federal, y de muchos más a nivel local. Preservar la estabilidad no implica renunciar a la posibilidad de cambios y mejoras institucionales, tampoco impide que los poderes públicos ejerzan sus facultades modificando el marco legal. Es válido ejercer legítimamente las facultades, siempre y cuando se haga dentro del marco de los más altos estándares constitucionales y democráticos porque así lo exige el pacto establecido en la Constitución mexicana”, apuntó.

Es el tiempo de los tribunales: Córdova

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que ese órgano presentará en breve una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del llamado “Plan B” electoral del gobierno federal y Morena, ya que modifica de manera drástica a la estructura del INE “poniendo así en riesgo miles de plazas del servicio profesional y por ende la confiabilidad de los procesos electorales”.

Recordó que ante el TEPJF, el INE ya interpuso un juicio por la destitución ilegal que ordenó el “Plan B” sobre el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

“Le corresponderá a los tribunales y a la Corte, deliberar y redimir los recursos que ante ella se canalizan. En efecto, es momento hoy, es el tiempo de la Corte y de los tribunales. El tiempo del legislativo pasó, y pasó sin hacer lo que debe hacer un legislativo: abrirse al diálogo, escuchar opiniones, construir consensos. En el legislativo se impuso mayoritariamente una postura de parte.

“En el Ejecutivo también; los tiempos del Ejecutivo también pasaron, no se observó, y era difícil que se observará, porque fue quien presentó esta iniciativa, por cierto no es la que se procesó, porque para obviar todos los trámites legislativos, tramposamente hubo algunos legisladores que copiaron de cabo a rabo la iniciativa del Presidente para poder obviar todos los trámites de las discusiones en comisiones, fraude a la ley y hasta donde me acuerdo se le decía en las facultades de derecho, pero ya será la Corte y los tribunales, insisto, quienes tendrán que resolver, hoy, es su tiempo”, expuso.

Finalmente, el consejero presidente del INE planteó diversas irregularidades que contiene el “Plan B”, entre ellas que prohíbe al INE y al TEPJF interpretar las leyes.

“Entre otras cosas también nos ayudarán a subrayar los sinsentidos y abusos autoritarios, como aquel que nos plantea desde la legislación, que ni el INE, ni el Tribunal, pueden interpretar las normas; vaya hasta en la aplicación al caso concreto, a mí me lo enseñaron en la Facultad y estoy muy orgulloso de lo que aquí me enseñaron, hay que interpretar, pero eso está prohibido ahora”, cuestión.

jorge.monroy@eleconomista.mx