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Tlatlaya: un año después, adeudan una investigación
La ejecución de civiles por parte de militares fue descubierta meses después, pero no hubo una investigación para conocer si los 22 fallecidos formaban parte de una estructura delictiva o no.
En el caso Tlatlaya, el Estado mexicano quedó a deber una investigación judicial que determinara si los 22 muertos en ese operativo llevado a cabo por el Ejército eran o no delincuentes, dijo Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.
Cuestionado sobre una presunta relación entre la baja en la disminución del secuestro en Valle de Bravo y el operativo en Tlatlaya para detener a presuntos secuestradores, Torres Landa dijo que no se podría determinar, en virtud de que no hay una investigación de las autoridades civiles para conocer si los 22 fallecidos formaban parte de una estructura delictiva.
Si lo fueron o no lo fueron, nunca lo vamos a saber, porque no hubo un proceso de derecho para saber si eran o no responsables, eso es parte de la tragedia: que no podemos tener este tipo de procedimientos donde unilateralmente se decide quién es bueno y quién es malo , comentó.
Hace un año, el 30 de junio del 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, personal militar ubicó una bodega custodiada por civiles armados que, al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, abrió fuego en contra de las tropas y éstas repelieron la agresión, lo que dejó 22 muertes de los presuntos delincuentes.
El 21 de octubre, el entonces ombudsman nacional, Raúl Placencia, aseguró que 15 de esas 22 personas fueron ejecutadas.
Por el caso Tlatlaya, desde el 31 de octubre del 2014 se encuentran recluidos en la Prisión Militar Adscrita a la I Región Militar, los elementos del Ejército: Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama, Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.
En el expediente PGR/AIC/PFM/DGIPAM/PD/14236/2014, se acusa a los siete efectivos de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
Su proceso lo lleva el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, una instancia civil que no obstante permite a los indiciados ser presos en el penal del fuero castrense.
Actualmente, los peritajes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y de la PGR aseguran que 11 de los presuntos delincuentes fueron asesinados, cinco murieron realizando maniobras instintivas de defensa y del resto no se menciona que hayan disparado a militares.
Los secuestros
La ola de secuestros en Valle de Bravo llegó a contabilizar hasta 10 en 15 días en agosto del 2014. Sin embargo, el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en el 2012 se cometieron sólo dos; en el 2013, ninguno, y en el 2014, cinco.
El problema era mayor. Todo comenzó el 13 de agosto cuando José Manzur, secretario General de Gobierno del Estado de México, anunció el secuestro de un padre de familia, su hijo adolescente y un amigo, quienes paseaban en motocicletas en Valle de Bravo.
La ola de secuestros se elevaba y, por ello, el gobierno federal anunció el 27 de agosto que la primera misión de la Gendarmería iría a ese municipio mexiquense.
Una versión para esa fechas sugerían que el operativo del Ejército el 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, también en el Edomex, fue ordenado por altos mandos del gobierno federal para neutralizar a la banda que cometía secuestros principalmente en Valle de Bravo.
Para el 2 de septiembre, el procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, anunció que la detención de 19 presuntos secuestradores que operaban una banda en aquel destino turístico, y de los cuales, a nueve se les imputó el delito de privación de la libertad.
El 24 de septiembre, el procurador mexiquense identificó a Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como el Pez o el Mojarro, líder regional del grupo delictivo La Familia Michoacana, como autor de los secuestros registrados en el municipio de Valle de Bravo. A la salida de la Gendarmería, este lunes de ese municipio, dicho delincuente continúa libre
Saldrán libres
El profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva, estimó que los siete militares presos podrían salir en libertad por falta de pruebas que los incriminen.
Es muy probable que los militares que se vieron implicados en estos hechos salgan libres, porque no hay forma de encausarles un proceso penal; si acaso los delitos que corresponden estrictamente a la jurisdicción militar, pero luego de un año de investigaciones (...) En el área civil han cometido errores atroces , dijo.
El ex presidente de la Cámara de Diputados y actual profesor en Fuerzas Armadas, Cristian Castaño, aseguró que en el caso Tlatlaya no debe haber impunidad si los elementos militares actuaron extrajudicialmente en el asesinato de al menos 11 presuntos delincuentes. Sin embargo, advirtió: Vamos a seguir viendo casos donde el Ejército lastimará a la sociedad , en tanto el Congreso incumpla con aprobar una ley de seguridad interior.
Evidentemente nadie quiere que haya impunidad en un caso como éstos. No puede haber impunidad. Pero al mismo tiempo, las instituciones del Estado han sido omisas para darle un marco jurídico de certidumbre a las Fuerzas Armadas en su intervención en materia de seguridad interior.
En tanto no se promulgue la legislación adecuada, vamos a seguir viendo casos en donde va a lastimar a la sociedad la manera en la que las Fuerzas Armadas intervengan en ese ámbito que se ha denominado seguridad interior , advirtió.
El profesor Javier Oliva Posada coincidió en que el caso Tlatlaya revela que los elementos del Ejército están inconformes con el sistema judicial, en virtud de que ellos detienen a los delincuentes y los jueces los liberan.
No estamos viendo que los jueces, los ministerio públicos, que se encargan de administrar justicia y aplicar la ley, estén comprometidos con instituciones como las Fuerzas Armadas , aseguró.
