Trabajadores del PJF, contra la ley de remuneraciones

En un acto histórico que incluyó a más de 1,410 jueces y magistrados en más de 30 sedes en todo el país, el Poder Judicial se pronunció este lunes en contra del recorte salarial, así como rotación de jueces, y otras medidas que pretende implementar la administración de Andrés Manuel López Obrador con lo que busca mejorar el funcionamiento de dicho poder.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se fundó en el 2001, emitió el pronunciamiento en el cual los juzgadores federales califican como una “intromisión” de los demás poderes (Legislativo y Ejecutivo) que se le dicten nuevas reglas de operar.

“Reiteramos que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial; sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido incluyen rotación constante de juzgadores. La aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte los otros poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”, se indicó en el posicionamiento.

Los integrantes del Poder Judicial calificaron como “un falso discurso” la aseveración hecha este lunes por el presidente López Obrador en referencia a que hay algunos funcionarios que ganan más de 600,000 pesos mensuales al interior del Poder Judicial.

Los magistrados y jueces aseveraron, en referencia a los salarios, que la irreductibilidad “no es un privilegio”, sino que es parte de las garantías de independencia que tiene el PJF, además dicho derecho está estipulado en convenciones y tratados internacionales de los cuales México es parte.

Lo que pretende implementar el nuevo gobierno, con el argumento de hacer más eficiente la impartición de justicia y permitir ahorros para los ciudadanos, es: “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, manifestó el magistrado Luis Vega Ramírez.

En la escalinata del edificio ícono del PJF y frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, expusieron que “el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones (...) No caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”.

El posicionamiento leído por el magistrado Vega Ramírez refiere que “la independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de poderes (...) estamos hoy aquí de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la ley y la Constitución”.

No afectará funcionamiento

Para el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Miguel Ángel Aguilar López, la baja salarial no afectaría el funcionamiento de los juzgadores, aunque sí su independencia.

“El tema de los salarios, la sola reducción, no puede afectar la independencia judicial, pero sí afecta sistemáticamente el ejercicio de los funcionarios”, dijo en entrevista con El Economista.

Ante el cuestionamiento de si debe haber una reflexión interna en el Poder Judicial de empatía sobre las condiciones económicas de la mayoría de los mexicanos, el magistrado afirmó que el tema no se debe ver como un tema de privilegios de algunos en demérito de todos.

Sin embargo, dijo, el Poder Judicial debe abrirse a fortalecer los mecanismos de transparencia, en específico aquellos que tienen que ver con los nombramientos de personal al interior del Poder Judicial con el objetivo de fortalecer su imagen ante la opinión pública.

Senado interpone recurso

La Cámara de Senadores interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un “recurso de reclamación’’ en contra de la suspensión ordenada por el ministro Alberto Pérez Dayán, que prohíbe a la Cámara de Diputados fijar los salarios de los funcionarios públicos para el próximo año con base en la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República.

“De no revocarse por este alto Tribunal la paralización de la Ley de Remuneraciones se detendrá la asignación de recursos a programas sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, afectando gravemente a grupos vulnerables y al interés general’’, cita la demanda elaborada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Se respetarán salarios: Morena

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 aplicará por primera vez el Artículo 127 constitucional para que nadie gane más que el presidente de la República. Sin embargo, aclaró que también acatarán el 94 constitucional que establece que no se podrán reducir los salarios ministros, jueces y magistrados en funciones.