Tratados deben ajustarse a la Constitución

Los tratados internacionales firmados por México deben ajustarse a la Constitución y no la Carta Magna a los Tratados, aseveró el jurista y catedrático Federico Ponce sobre la inminente resolución que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso la desaparición en 1974 del activista Rosendo Radilla.

Luego de la ceremonia de El Día del Abogado, el exsubprocurador general de la República y experto en Derecho Militar destacó: La legislación de la milicia establece sus propios candados contra la impunidad y sus ordenamientos son revocables por autoridades civiles, entre ellos la SCJN .

En ese sentido, agregó: Mucho se ha dicho sobre la supuesta impunidad del Ejército o Fuerzas Armadas en los últimos años, pero debe recordarse que desde octubre pasado el presidente Felipe Calderón envió una iniciativa para reformar el Código Militar, propuesta que cumple con la sentencia emitida por la CIDH, debido a que protege la jurisdicción militar .

Ponce Rojas dio su visto bueno a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos privilegie la protección de los derechos humanos, pero enfatizó que la Constitución mexicana cumple a cabalidad los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, de ahí que los tratados deban ajustarse a la Constitución y no al revés .

Exhortó a los integrantes de l a Cámara de Diputados, quienes analizan la iniciativa presidencial para lograr una reforma congruente que no trastoque el equilibrio de la disciplina de las Fuerzas Armadas.

Que el el fuero de guerra subsista bajo los mismos motivos de justificación del fuero constitucional .

Añadió: Hay voces que han llegado a indicar, con un total desconocimiento, que la reforma al Código Militar debe considerar que las Fuerzas Armadas dependan estructural y de manera orgánica de los gobernadores y presidentes municipales, lo que es totalmente incongruente .

Esto, según él, equivaldría a sustituir a las policías estatales y municipales, cuando la responsabilidad del Ejército es preservar la soberanía y la paz interna y, aún más, en medio de una guerra declarada por el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada.

rtorres@eleconomista.com.mx