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Política

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UIF colabora para indagar casos de trata de personas

Santiago Nieto expuso que la UIF ha presentado una serie de denuncias ante la FGR y ha congelado cuentas de personas vinculadas al delito de trata de personas.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que mantiene un trabajo estrecho con las fiscalía General de la República (FGR) y las estatales para combatir el delito de trata de personas en el país.

Nieto Castillo asistió a una reunión de trabajo urgente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otras dependencias del gobierno encargadas de atender la violencia de género y feminicidios, para abordar las propuestas de los colectivos feministas ante la inseguridad.

En ese sentido, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso que la Unidad que encabeza ha presentado una serie de denuncias ante la FGR y ha congelado cuentas de personas vinculadas al delito de trata de personas.

Citó que hay un caso en investigación donde se congeló una cuenta con 80 millones de pesos relacionados con este delito, además de que se indaga la introducción de mujeres provenientes de Sudamérica y Europa del este donde se han descubierto diversas modalidades de lavado de dinero para sostener esta industria ilegal.

"Un caso muy particular, por ejemplo, el caso de una cuenta, que no ha sido reclamada por nadie, tenía 80 millones de pesos relacionados directamente con la trata. Hemos visto dos modalidades, primero es la sustracción de niñas mexicanas particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala hacia Estados Unidos.

"El otro tiene que ver con la introducción de jóvenes sudamericanas y de Europa del este a México en donde encontramos modalidades distintas de lavado de dinero, incluso vinculado con bitcoins y nacionales a Panamá y otros países y generación de empresas fachadas", abundó.

Santiago Nieto Castillo expuso que este delito también debe investigarse en diversos ámbitos políticos ya que una estructura tan compleja necesariamente debe tener una red de protección política.

erp

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