Ven posible que reforma limite acceso a justicia

La reforma del Poder Judicial para elegir por voto directo a ministros, magistrados y jueces no terminará con la corrupción, limita los mecanismos de acceso a la justicia y no atiende las causas estructurales de la impunidad, resume un análisis de México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

“Dado que no existe relación directa entre corrupción y elección popular, preocupa que, lejos de resolver el problema, la reforma termine por limitar los mecanismos de acceso a la justicia, atentar contra la independencia judicial y desatender las causas estructurales de la impunidad o la inaccesibilidad a la justicia”, cita el documento titulado Los riesgos de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el análisis de la iniciativa de reforma constitucional promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que pretende aprobar la nueva LXVI Legislatura del Congreso de la Unión en septiembre próximo, realizado por la organización civil, ésta “limita los mecanismos de acceso a la justicia y no atiende las causas estructurales de la impunidad o de la inaccesibilidad del Poder Judicial”.

La reforma no resolverá de ninguna manera la impunidad en 99% de los delitos que se cometen en México, asegura, y que elegir nuevos jueces podría pausar, retrasar e incluso reiniciar juicios desde cero.

“Esto pasaría en los casos de delitos federales como trata de personas, desaparición forzada, secuestro y corrupción. Los procesos podrían quedar atorados, desatendidos o sencillamente inválidos sin importar la etapa en que se encuentren, antes, durante y después de cada elección de jueces. En el peor de los casos las víctimas corren el riesgo de tener que recomenzar sus juicios enteros porque el Sistema Penal Acusatorio establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio de principio a fin”.

Corrupción acecha

Advierte que la reforma en ciernes “abre también espacios para la corrupción, la opacidad y la intimidación de personas juzgadoras”.

“Los miles de aspirantes a cargos de elección popular no podrán tener financiamiento público ni privado, sin que quede claro cómo se fiscalizará esta prohibición. Tendrán derecho a tiempos oficiales en radio y televisión, así como a participar en foros de debate, pero tampoco queda claro cómo será esta asignación y quién verificará su imparcialidad. La reforma tampoco contempla un límite para que una misma persona pueda ser nominada por más de un Poder o contender en más de un proceso federal o local”.

Si bien la enmienda “rediseña institucionalmente al Poder Judicial’’, admite, “en lugar de simplificar su funcionamiento lo complejiza”.

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