¡Ya no nos platiquen, actúen!: Vargas

¡Ya no nos platiquen, actúen. Queremos acciones y no sólo buenas intenciones! Demandó el empresario Nelson Vargas a senadores, a quienes recordó que desde el 2008, el Congreso se comprometió –con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad- a aprobar la ley general del delito de secuestro.

Durante el foro Alto al Secuestro que este martes inició en el Senado, Nelson Vargas –cuya hija fue secuestrada y asesinada- dijo a senadores que México se está derrumbando por el crimen organizado. Es un grito generalizado y la única forma en que podemos salir adelante es insistiendo dentro del país, no afuera, que la gente haga su trabajo, que a quienes les pagamos con nuestros impuestos hagan su trabajo. Pero no nada más insistir, borrarlos de las nóminas, a todo el que no cumpla con su quehacer diario .

Vargas coincidió con la iniciativa del presidente Felipe Calderón de infiltrar a policias en las bandas del crimen organizado, pero advirtió que México no está preparado para prohibir el pago de rescates y la congelación de cuentas bancarias de las víctimas.

El jurista del CIDE, Miguel Carbonell Sánchez, reprochó que la iniciativa presidencial excluya a los procesos por secuestro como parte de los juicios orales, pues dijo que es ahí donde más se requiere transparencia.

Dijo que la cadena vitalicia que propone Calderón para secuestradores está sujeta a que la Corte valide o no esa acción, lo mismo que en el caso de la infiltración de agentes policiacos, pues la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad. Dijo que la iniciativa para que secuestradores compungen sus condenas en penales en otra entidad donde cometieron el delito es violatoria del artículo 18 constitucional.

Carbonell dijo que la pena de muerte que propone el PVEM sería una medida que dinamitaría el sistema penal, porque el 98.3% de los delitos en México no son castigados.

El también investigador del CIDE, Carlos Vilalta, dijo que la ley antisecuestro debe atender el combate a la corrupción, porque el 7% de los secuestradores admite la participación de algún policía o expolicía, mientras que otro 7% manifestó que trabajaba en el gobierno un mes antes de cometer el delito.

Destacó que según estadísticas, un secuestrador tiene como antecedente el robo con violencia y luego secuestro, por lo que es primordial, dijo, buscar medidas de prevención.

La expresidenta de la organización México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera, se pronunció por la creación de un observatorio nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación para recabar información sobre los tipos de operación de los secuestradores, a fin de que ello permita modernizar las leyes constantemente.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete (PRD), expresó que el delito de la privación de la libertad agrede a las personas, que angustia a las familias y lastima a las familias . El Estado requiere instrumentos legales para combatir ese delito, dijo el senador, pero si no hay capacidad, si no hay inteligencia, si no hay forma de que el gobierno la utilice para enfrentar al crimen organizado en sus facetas, una de ellas la del secuestro, la ley terminando siendo letra muerta , advirtió.

Finalmente, durante el foro, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), se comprometió a entregar como máximo el 15 de marzo el dictamen de la ley general de combate al secuestro.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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