Agresiones en Metro y Metrobús: ¿Es suficiente el presupuesto para atender la salud mental?

En menos de dos semanas, la Ciudad de México vivió dos eventos violentos dentro del transporte público que dejaron en evidencia los síntomas de una problemática creciente y desatendida: la crisis de salud mental en el país.

El 20 de noviembre, Jimmy Arnulfo “N”, quien padece esquizofrenia y estaba bajo los efectos de sustancias nocivas, apuñaló a cuatro personas en una estación del Metro. Posteriormente, el 30 de noviembre, un hombre en situación de calle empujó a una oficial de policía contra una unidad del Metrobús en movimiento. Ambos casos evidencian la falta de atención integral a las personas con trastornos mentales y el impacto social de este abandono institucional.

Una crisis estructural: Salud mental relegada en México

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda destinar al menos el 5 % del presupuesto total de salud a salud mental, México apenas asigna el 1.3 %. Esta cifra representa un retroceso del 7.9 % en términos reales desde 2016, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El gasto actual es insuficiente para atender la creciente demanda de servicios en un país donde tres de cada diez personas enfrentan un trastorno mental en algún momento de su vida, y dos de cada tres no reciben tratamiento adecuado.

Impactos económicos y sociales de la desatención

La falta de recursos para la salud mental no solo afecta la calidad de vida de los individuos, sino que también genera enormes costos económicos. Según datos internacionales, los trastornos mentales representan una de las principales causas de discapacidad y pérdida de productividad laboral. En México, el déficit de psiquiatras —apenas 0.36 por cada 10,000 habitantes, frente a los 1.0 recomendados por la OMS— agrava la situación, limitando el acceso y la calidad de los servicios disponibles.

Los ataques recientes en el transporte público reflejan las consecuencias de esta desatención. En ambos casos, los agresores eran personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, enfrentando problemas de salud mental sin acceso a un tratamiento efectivo o preventivo.

Hacia una solución: prevención y atención comunitaria

En 2024, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) tuvo a su cargo el 62 % del presupuesto en esta área. Sin embargo, aunque se han anunciado aumentos en ciertos programas clave, el gasto total destinado sigue lejos de los estándares internacionales. Triplicar esta inversión permitiría fortalecer la atención comunitaria, prevenir crisis y ofrecer tratamiento adecuado desde las etapas iniciales.

De acuerdo con el análisis de CIEP, el cambio debe incluir un enfoque preventivo que priorice la atención primaria, la promoción del bienestar emocional y la detección temprana en escuelas, centros laborales y comunidades. Además, el Programa Nacional de Salud Mental 2024-2030 propone integrar los servicios de salud mental en los hogares y entornos cotidianos para reducir barreras de acceso.

Los ataques en el Metro y Metrobús no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema que requiere atención urgente.