Buscan penas de 60 años por reclutamiento forzado

Establecer en el Código Penal federal el delito de reclutamiento forzado e indicar en la Constitución que la búsqueda de personas debe ser sin dilación, son iniciativas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados buscará impulsar.

En conferencia de prensa ayer 25 de marzo, los legisladores del tricolor, a través del coordinador de la bancada, Rubén Moreira, afirmó que las iniciativas referidas se plantean después de los hechos recientes del rancho Izaguirre en Jalisco, en donde fueron encontrados restos humanos y prendas y calzado de al menos 152 personas.

Moreira ahondó que la reforma constitucional prevé también fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de que se convierta en un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo federal y cuya operatividad no dependa de acciones políticas.

También mencionó que la reforma establecería que las acciones de búsqueda de personas deben realizarse bajo el principio de efectividad y exhaustividad, así como la debida diligencia y un enfoque humanitario.

Por su parte, en lo que refiere a la enmienda al Código Penal federal, se indicó que tiene el fin de sancionar a quien por medio de engaño, extorsión, maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones criminales, terroristas o, en general, grupos del crimen organizado.

Para ello se propone estipular que quien cometa las conductas anteriormente descritas será merecedor de una pena de cárcel que irá de 15 a 30 años y cuando la víctima sea menor de edad la pena se incrementarán al doble de dicho rango.

Mientras que quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento forzado para adherirse a organizaciones criminales tendrá una pena de entre 20 y 60 años de cárcel.

Moreira sostuvo que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 54,348 personas desaparecidas lo que significa un incremento de 65.81% con respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto.